México se ha convertido en un país donde la justicia no solo es lenta… también tiene precio. El caso de Edith Guadalupe no solo es una tragedia más en la interminable lista de mujeres que salen de casa y no regresan. Es, sobre todo, un retrato brutal de un sistema que falla desde el primer minuto.

Una joven acude a una entrevista de trabajo y termina sin vida. Y mientras la familia enfrenta el dolor más profundo, también tiene que enfrentarse a algo igual de indignante: autoridades que condicionan la justicia. Sí, en pleno 2026, hay fiscalías donde a las víctimas se les pide dinero para “mover” su caso.

Como si el acceso a la justicia fuera un servicio VIP. Como si denunciar fuera apenas el inicio de una negociación. Ante la ausencia del Estado, la familia de Edith tuvo que hacer lo que miles de familias en México hacen todos los días: investigar por su cuenta. Buscar pistas, presionar, moverse.

Convertirse en detectives, peritos y hasta en ministerios públicos improvisados. Porque si no lo hacen ellos, nadie más lo hará. Y cuando finalmente las autoridades reaccionan, lo hacen con prisa. No por justicia… sino por imagen. Entonces aparece un presunto culpable casi de inmediato.

Una solución rápida, conveniente, mediática. Un intento desesperado por cerrar el caso antes de que la opinión pública los exhiba como lo que son: instituciones rebasadas, saturadas y, en muchos casos, profundamente corruptas. Pero lo más alarmante no es solo la ineptitud. Es la impunidad. Porque las personas que pidieron dinero a la familia de Edith no fueron castigadas.

No hay sanciones, no hay consecuencias reales. Solo fueron removidas de su cargo, como si cambiar de silla borrara el delito. Y la pregunta es inevitable: ¿cuántos casos más hay así? ¿Cuántas familias han tenido que pagar, suplicar o investigar por su cuenta? ¿Cuántas desapariciones quedan archivadas porque nadie “aceitó” el sistema? ¿Cuántas fiscalías están tan rebasadas que dejaron de cumplir su función básica?

Nos dijeron que las cosas iban a cambiar. Que ahora sí habría justicia. Que ahora sí se atendería a las víctimas. Pero la realidad es otra: el Estado no investiga, administra el caos. Y cuando no puede resolver, fabrica culpables. Porque en México, hoy, el problema no es solo la violencia. Es que cuando te pasa algo, estás prácticamente sola.

En un país donde la justicia se negocia, la impunidad no es la excepción… es la regla.

Karla Pulido