En México hay palabras que el poder usa como escudo. Una de ellas es “mezquino”. Cuando algo incomoda, cuando exhibe privilegios, cuando revela esa doble moral que tanto indigna al ciudadano, entonces la respuesta no es explicar… es descalificar.
Eso fue exactamente lo que ocurrió con Marcelo Ebrard, quien calificó como “mezquino” cuestionar las condiciones en las que su hijo vivió dentro de una embajada mexicana. Pero el problema no es uno solo. No es un caso aislado. Ahí están también los señalamientos que rodean a Gerardo Fernández Noroña, donde la evolución salarial de su hijo ha generado cuestionamientos legítimos.

Y aquí es donde vale la pena detenernos. Porque el fondo no es un asunto personal. Es un tema público. Cuando se trata de recursos del Estado o de posiciones vinculadas al poder, el escrutinio no solo es válido… es necesario. No es mezquino preguntar. Mezquino es no responder.

México lleva años escuchando un discurso que promete austeridad, igualdad y cercanía con el pueblo. Un discurso que insiste en que ya no hay privilegios. Pero la realidad sigue mostrando otra cara. Porque mientras a millones de mexicanos no les alcanza para lo básico, hay historias que reflejan exactamente lo contrario: comodidad, acceso, trato preferencial. Y eso es lo que molesta. No el hecho en sí, sino lo que representa. Representa que el discurso no siempre coincide con la práctica. Que la austeridad parece ser selectiva. Por eso incomoda tanto que se intente desviar la conversación llamando “mezquino” al que cuestiona. Pero en una democracia, cuestionar no es mezquindad.

Es obligación. Si los funcionarios públicos no pueden responder por los privilegios que rodean a su círculo cercano, entonces el problema no es la pregunta… es la respuesta que no tienen. Porque un país no cambia cuando el poder se indigna. Cambia cuando el poder rinde cuentas.