Durante décadas, México intentó explicar el narcotráfico como un problema de criminalidad, como una anomalía o señalándole como un enemigo externo. Se veía como una suerte de enfermedad social aislada del resto del sistema y confinada en ciertos espacios (como el norte del país).
Queridos amigos, estamos ante un hecho extraordinario cuyas consecuencias nadie puede predecir el día de hoy. Como les informamos, el gobierno de Estados Unidos acaba de emitir acusaciones por narcotráfico en contra del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios.
Los recientes señalamientos que rodean al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no deberían sorprender a nadie. No porque sean ciertos, es decir, eso corresponde determinarlo a las autoridades, sino porque encajan demasiado bien en una historia que México lleva décadas intentando negar.
En días recientes, la figura de Luisa María Alcalde ha sido colocada bajo el escrutinio público tras señalamientos relacionados con la operación de casinos vinculados a Bermúdez Requena, información difundida por el medio Código Magenta.
Los acontecimientos recientes relacionados con la lamentable pérdida de Edith, una joven que fue asesinada tras acudir a una entrevista de trabajo, nos dejan no solo dolor e indignación, sino también una serie de interrogantes que reflejan un profundo malestar social y una exigencia de justicia.
Pensar en un alguien que ha cometido un delito, generalmente conlleva el evocar una serie de sesgos en términos físicos y de pensamiento respecto al infractor. Por otro lado, aunque existe el concepto de “criminal de cuello blanco" los lavadores de dinero podrían pasar desapercibidos.
