En el marco de tantos señalamientos en la política mexicana, no es menor destacar que se atraviesa una crisis profunda de legitimidad. Y quizá uno de los ejemplos más claros sea precisamente la manera en que el poder comienza a disputarse públicamente a través de los medios.
Anteriormente realicé un recorrido histórico sobre la evolución del crimen en Sinaloa, sin embargo, en las últimas dos décadas, se ha percibido que el declive de la línea entre el gobierno y el Narco se ha terminado de desdibujar.
Durante décadas, México intentó explicar el narcotráfico como un problema de criminalidad, como una anomalía o señalándole como un enemigo externo. Se veía como una suerte de enfermedad social aislada del resto del sistema y confinada en ciertos espacios (como el norte del país).
Queridos amigos, estamos ante un hecho extraordinario cuyas consecuencias nadie puede predecir el día de hoy. Como les informamos, el gobierno de Estados Unidos acaba de emitir acusaciones por narcotráfico en contra del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios.
Los recientes señalamientos que rodean al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no deberían sorprender a nadie. No porque sean ciertos, es decir, eso corresponde determinarlo a las autoridades, sino porque encajan demasiado bien en una historia que México lleva décadas intentando negar.
En días recientes, la figura de Luisa María Alcalde ha sido colocada bajo el escrutinio público tras señalamientos relacionados con la operación de casinos vinculados a Bermúdez Requena, información difundida por el medio Código Magenta.
