Recientemente salió a la luz una nueva acusación publicada por el diario Los Angeles Times, en ella se señalaba que a diversos gobernadores mexicanos les habría sido retirada la visa y que únicamente contaban con permisos especiales para comparecer ante autoridades estadounidenses.
En el marco de tantos señalamientos en la política mexicana, no es menor destacar que se atraviesa una crisis profunda de legitimidad. Y quizá uno de los ejemplos más claros sea precisamente la manera en que el poder comienza a disputarse públicamente a través de los medios.
Anteriormente realicé un recorrido histórico sobre la evolución del crimen en Sinaloa, sin embargo, en las últimas dos décadas, se ha percibido que el declive de la línea entre el gobierno y el Narco se ha terminado de desdibujar.
Durante décadas, México intentó explicar el narcotráfico como un problema de criminalidad, como una anomalía o señalándole como un enemigo externo. Se veía como una suerte de enfermedad social aislada del resto del sistema y confinada en ciertos espacios (como el norte del país).
Queridos amigos, estamos ante un hecho extraordinario cuyas consecuencias nadie puede predecir el día de hoy. Como les informamos, el gobierno de Estados Unidos acaba de emitir acusaciones por narcotráfico en contra del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios.
