La polémica entre el creador de contenido conocido como Tío Cardef y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a raíz de un incidente en el Museo Nacional de Antropología (MNA), ha colocado nuevamente a las instituciones culturales en el centro de la conversación digital. Sin embargo, más allá de determinar quién tiene razón en esta confrontación, el episodio merece una reflexión sobre la responsabilidad de quienes divulgan la historia y de quienes tienen a su cargo la protección del patrimonio cultural mexicano.
Daniel Alcántara, conocido en redes sociales como Tío Cardef, denunció que personal del Museo Nacional de Antropología le impidió ingresar al recinto, situación que interpretó como un veto relacionado con sus críticas a la manera en que la institución presenta la historia de los pueblos originarios. Entre sus cuestionamientos se encuentra el uso del término «indios» en una de las salas del museo, así como lo que considera una interpretación eurocentrista del pasado prehispánico.
El señalamiento provocó reacciones entre sus seguidores y abrió una discusión sobre el acceso a los espacios culturales, la libertad de expresión y las formas en que se construye la memoria histórica.
No obstante, el INAH respondió el 12 de noviembre que no existe una prohibición general de acceso al museo contra el creador de contenido. En redes explicaron que Alcántara había generado material para promover recorridos guiados, actividad que requiere una certificación oficial, además de que las grabaciones con fines de divulgación y comerciales están sujetas a requisitos y autorizaciones.
Aquí aparece una primera cuestión, una cosa es el derecho de cualquier persona a visitar un museo, y otra muy distinta es utilizar sus instalaciones para desarrollar actividades de carácter turístico, profesional o comercial.
Las disposiciones para acreditar a los guías de turistas corresponden a la Secretaría de Turismo, mediante las normas aplicables, mientras que el INAH cuenta con procedimientos propios para autorizar determinadas actividades audiovisuales en los recintos bajo su custodia. Por tanto, no se trata simplemente de una ocurrencia administrativa del museo ni de una disposición que sus trabajadores puedan modificar a voluntad.
Si un creador de contenido decide desarrollar recorridos guiados y promoverlos ante una audiencia, debe asumir también las responsabilidades que implica esa actividad. La popularidad en redes sociales no sustituye una acreditación, así como el interés por divulgar la historia no exime del cumplimiento de las disposiciones correspondientes.
La crítica también debe alcanzar al propio INAH. Si bien la institución tiene la responsabilidad de proteger los espacios patrimoniales y garantizar su funcionamiento, también debe ofrecer explicaciones claras, transparentes y accesibles sobre sus procedimientos. Una respuesta institucional no debería limitarse a negar un supuesto veto: también tendría que contribuir a esclarecer lo sucedido, especialmente cuando existe una denuncia sobre la actuación del personal de seguridad y una posible confusión entre el acceso como visitante y la realización de actividades organizadas.
Tampoco puede ignorarse la discusión sobre la manera en que los museos presentan la historia de México. Las narrativas históricas no son inamovibles y las instituciones públicas deben estar abiertas al cuestionamiento académico, social y ciudadano. La revisión de los discursos coloniales, la representación de los pueblos originarios y el lenguaje utilizado en los espacios museográficos son asuntos que merecen discusión seria, no descalificaciones automáticas.
Sin embargo, cuestionar una interpretación histórica exige también responsabilidad con las fuentes, los documentos y la investigación. La divulgación no debería confundirse con la sustitución del conocimiento histórico por afirmaciones que, por contundentes o atractivas que resulten en redes sociales, necesitan sustento y contrastación.
Pero ¿qué lugar ocupa realmente la historia de México en nuestra conversación pública?
Resulta significativo que uno de los recintos culturales más importantes del país vuelva a ocupar titulares a partir de una confrontación en redes sociales. ¿Cuántas personas conocen las exposiciones que actualmente alberga el Museo Nacional de Antropología? ¿Cuántas siguen las investigaciones arqueológicas, los trabajos de conservación o los esfuerzos por preservar las lenguas y tradiciones de los pueblos originarios? ¿Cuántas veces hablamos del presupuesto, las condiciones laborales, la infraestructura y las necesidades de nuestros museos sin que exista una controversia viral de por medio?
La cultura parece adquirir relevancia cuando alguien consigue convertirla en tendencia. Mientras tanto, el trabajo cotidiano de investigadores, restauradores, antropólogos, arqueólogos, historiadores y trabajadores de los recintos culturales permanece fuera de buena parte de la conversación pública.
El problema no es que un creador de contenido cuestione a una institución ni que una institución exija el cumplimiento de sus disposiciones, sino cuando la discusión se reduce a una confrontación de popularidad, donde la audiencia termina funcionando como mecanismo de presión y el debate sobre el patrimonio queda desplazado por la búsqueda de responsables y la acumulación de reacciones.
El INAH no es dueño de la historia de México, pero tiene una responsabilidad pública en su investigación, protección y divulgación. Del mismo modo, ningún creador de contenido es propietario de la interpretación del pasado por el hecho de reunir una comunidad digital interesada en sus publicaciones.
México necesita instituciones capaces de escuchar las críticas y ciudadanos dispuestos a cuestionarlas, pero también necesita divulgadores que comprendan que acercar la historia a nuevas generaciones implica una responsabilidad con el conocimiento, en realidad la historia no debería necesitar una funa para ser escuchada, ni el patrimonio cultural convertirse en escenario de una disputa para recordar que existe.
La cultura mexicana merece mucho más que quince minutos de viralidad.
