El pasado 11 de mayo, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades de Estados Unidos y ahora ya no porta condecoraciones, sino el número de preso 62685-512, lo que nos lleva nuevamente a abordar el caso Rocha Moya y las implicaciones que la situación actual del estado, tiene no solo para la población, sino para la percepción internacional sobre México. 

 
Mucho se ha hablado de la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda, como un asesinato orquestado por el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. La reapertura del expediente Cuen, ha sido calificada por el diputado Gibrán Ramírez Reyes, de Movimiento Ciudadano como una acción “tímida”, en el marco de las investigaciones que rodean a Rocha Moya, y que en su momento fue un montaje por parte de las autoridades para encubrir al verdadero culpable.

Anteriormente realicé un recorrido histórico sobre la evolución del crimen en Sinaloa, sin embargo, en las últimas dos décadas, se ha percibido que el declive de la línea entre el gobierno y el Narco se ha terminado de desdibujar. De acuerdo con la percepción de la ciudadanía, desde el asesinato de Héctor Melesio, se sintió un aumento en la violencia y parece que hace mucho se superó el punto de no retorno.

Recordemos que los acontecimientos sucedieron posterior a que Melesio Cuen, líder del PAS presentara las pruebas del presunto enriquecimiento ilícito de los hijos de su rival, Rubén Rocha Moya a través de entramados de financiamiento irregular. En un primer momento, se dijo por parte de las autoridade estatales, que el asesinato ocurrió en una gasolinera; sin embargo, después la FGR dijo que el crimen se perpetró en la finca Huertos del Pedregal. Algunos meses después del hecho, se difundió una carta del "Mayo" Zambada, quien afirmaba que Cuén fue privado de la vida en donde él fue secuestrado antes de su traslado a EE. UU. por Joaquín Guzmán López.

¿Qué podemos decir del perfil criminológico de Rocha Moya?

Sería irresponsable afirmar categóricamente que Rubén Rocha Moya es un criminal o elaborar un perfil criminológico definitivo sin evaluaciones periciales, resoluciones judiciales firmes o evidencia concluyente. Sin embargo, reducir el análisis únicamente al terreno penal también resulta insuficiente. Lo verdaderamente relevante es observar la construcción simbólica que emerge alrededor de su figura política en el contexto sinaloense.

La figura de Rocha Moya puede interpretarse no únicamente como la de un actor político tradicional, sino como la representación contemporánea de un tipo de poder híbrido donde las fronteras entre institucionalidad y violencia comienzan a desdibujarse. Más allá de la veracidad jurídica de las acusaciones en su contra, el símbolo que proyecta resulta particularmente significativo en un contexto como el sinaloense: el de un poder que aparenta operar simultáneamente desde la legalidad y desde la sombra.

En términos necropolíticos, el liderazgo deja de sostenerse exclusivamente en legitimidad democrática y comienza a articularse mediante la administración del miedo, el control territorial y la producción constante de incertidumbre. El poder ya no necesita exhibirse de manera explícita; basta con la percepción social de que existe una relación entre autoridad, impunidad y violencia para generar obediencia simbólica.


Los Símbolos y el ejercicio de Poder en Sinaloa.

 

Considero que la situación actual de Sinaloa, es el claro ejemplo de la presencia de los símbolos a través de los cuales se ejerce el poder, siendo la muerte (necropolítica en su máxima expresión) el más claro sobre quien ejerce y quien se somete al poder. Ahora bien, los símbolos importan porque producen sentido. El cuerpo violentado, las versiones contradictorias, el ignorar sistemáticamente los expedientes manipulados y las narrativas acomodadas a modo, funcionan como mensajes dirigidos a la colectividad. ¿Qué representa esa muerte dentro de una estructura de poder donde la incertidumbre parece calculada? En contextos como el de Sinaloa, el terror no necesita explicarse, necesita visibilizarse para convertirse en una herramienta de control.

El caso de Héctor Melesio Cuen terminó convirtiéndose en un símbolo de esa lógica. La disputa sobre dónde ocurrió el crimen, quién estuvo presente y quién protegió a quién, lo cual transformó el hecho en algo más grande que una investigación ministerial: lo convirtió en una narrativa sobre el alcance del poder y sobre la fragilidad de las instituciones frente a él.

La necropolítica se manifiesta precisamente ahí, en la posibilidad de decidir no solo quién vive o quién muere, sino qué vidas merecen justicia, qué verdades pueden conocerse y cuáles deben permanecer enterradas. La administración del miedo termina siendo también una administración de los símbolos. El silencio se vuelve símbolo, la impunidad se vuelve símbolo, incluso la confusión misma adquiere una función política de control social y de las narrativas.

Quizá por eso el deterioro institucional en Sinaloa genera una sensación tan fuerte de insatisfacción y de ruptura. Porque la violencia ocupa el lugar de las instituciones como principal organizadora de la vida pública, y eso provoca que el poder deje de legitimarse a través de la ley y lo haga mediante la capacidad de infundir miedo y de controlar la muerte. Llegados a este punto, parece que la muerte deja de ser únicamente el final de una vida para convertirse en una advertencia dirigida a todos los demás.

Por Cindy Pulido