Por Karla Pulido

Hace apenas unos días escribía sobre la justicia selectiva en México. Sobre esa percepción cada vez más arraigada entre los ciudadanos de que la ley parece aplicarse con distinta intensidad dependiendo de quién sea el señalado, de qué partido provenga o de qué tan cerca se encuentre del poder.
Hoy ese debate vuelve a estar sobre la mesa.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se encuentra en la Ciudad de México para atender dos citatorios judiciales. Uno relacionado con una investigación de la Fiscalía General de la República y otro derivado de la denuncia presentada por el exgobernador Javier Corral tras el polémico intento de detención ocurrido en agosto de 2024.
Maru Campos ha decidido acudir y responder ante las autoridades. Lo hace de frente, sometiéndose al escrutinio institucional y enfrentando los procedimientos legales correspondientes.
Sin embargo, mientras esto ocurre, inevitablemente surge una pregunta que sigue sin respuesta para muchos mexicanos: ¿qué pasó con las investigaciones que existían contra Javier Corral?
La memoria pública difícilmente olvida aquella noche en la que agentes ministeriales de Chihuahua intentaron ejecutar una orden judicial en la Ciudad de México por acusaciones relacionadas con presunto peculado durante su administración estatal. Lo que siguió fue un espectáculo político y jurídico que involucró a autoridades capitalinas y que terminó por convertir un procedimiento judicial en una batalla entre gobiernos.
Desde entonces, el tema parece haber desaparecido del debate público.
¿Las investigaciones fueron concluidas?
¿Fueron desestimadas por falta de elementos?
¿Existe una resolución definitiva?
¿O simplemente dejaron de ser prioridad?
La ciudadanía tiene derecho a saberlo.
Porque cuando los expedientes avanzan con velocidad contra unos y se vuelven invisibles para otros, lo que se erosiona no es únicamente la confianza en una fiscalía o en un gobierno, sino la credibilidad del sistema de justicia en su conjunto.
La justicia no puede tener colores partidistas. No puede endurecerse frente a los adversarios y suavizarse frente a los aliados. La ley debe aplicarse con el mismo rigor para todos o deja de ser justicia para convertirse en instrumento político.
Ese es precisamente el riesgo que enfrenta México.
Que la percepción de una justicia selectiva termine siendo más poderosa que las propias instituciones encargadas de impartirla.
Y cuando eso ocurre, la principal víctima ya no es un político ni un partido.
Es la confianza de los ciudadanos.