Por Cindy Pulido
Durante años, el debate sobre las redes sociales se ha reducido a una pregunta aparentemente sencilla: ¿deberían los menores de edad tener acceso a plataformas digitales? Francia decidió responder con una medida contundente. El gobierno anunció que impulsará la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años sin autorización de sus padres, argumentando que la exposición temprana a estos espacios representa un riesgo para la salud mental, el desarrollo emocional y la seguridad de niñas, niños y adolescentes.
La discusión rápidamente llegó a otros países, incluido México. Sin embargo, trasladar una medida de este tipo al contexto mexicano obliga a preguntarnos si el problema son únicamente las plataformas digitales o las condiciones sociales que hacen que muchos adolescentes encuentren en ellas un espacio de pertenencia, reconocimiento o incluso supervivencia.
Más allá del algoritmo: violencia, crimen organizado y vulnerabilidad
En México resulta imposible hablar del uso de redes sociales sin considerar el contexto de violencia que atraviesa el país.
Diversas investigaciones y reportes de autoridades han documentado que grupos del crimen organizado utilizan plataformas digitales para reclutar jóvenes mediante falsas ofertas de empleo, promesas de altos ingresos o discursos que romantizan la vida criminal. En otros casos, las redes funcionan como espacios donde se exhibe el poder de organizaciones delictivas a través de armas, dinero, vehículos y un estilo de vida aspiracional que resulta especialmente atractivo para adolescentes que enfrentan precariedad económica o falta de oportunidades.
En ese sentido, restringir el acceso podría disminuir algunos riesgos de exposición, pero difícilmente resolvería las condiciones estructurales que permiten que estos mecanismos de captación funcionen.
Cuando un adolescente considera más alcanzable ingresar a un grupo criminal que acceder a la educación superior o conseguir un empleo digno, el problema rebasa por mucho la existencia de TikTok o Instagram.
Cuando la violencia se convierte en entretenimiento
Quizá uno de los fenómenos más preocupantes no sea únicamente observar actos violentos, sino la manera en que las redes modifican la percepción moral sobre ellos.
El caso de la influencer Marianne Gonzaga ejemplifica cómo una agresión grave puede transformarse rápidamente en un fenómeno de consumo digital. Más allá de las implicaciones legales, miles de usuarios comenzaron a tomar partido, construir narrativas de apoyo o justificar la violencia bajo argumentos relacionados con los celos, la traición o las relaciones sentimentales.
La víctima terminó enfrentando no sólo la agresión física, sino también formas de violencia digital como el hostigamiento, el acoso y la revictimización. En lugar de reconocer la gravedad del hecho, gran parte de la conversación se convirtió en una disputa de bandos donde la popularidad de la agresora parecía pesar más que el daño ocasionado.
Este tipo de dinámicas favorecen la normalización de la violencia entre adolescentes, quienes observan que determinadas conductas pueden traducirse en mayor visibilidad, seguidores e incluso monetización.
Un fenómeno similar puede observarse en comunidades digitales donde proliferan discursos misóginos o de odio, incluidos grupos vinculados con la ideología blackpill. En estos espacios, algunos adolescentes encuentran explicaciones simplificadas para sus frustraciones personales y terminan legitimando diversas formas de violencia contra mujeres o contra cualquier persona percibida como responsable de sus problemas.
¿Prohibir o comprender?
Pensar que restringir las redes sociales resolverá estos fenómenos sería una simplificación. La evidencia internacional muestra que las plataformas pueden amplificar problemas existentes, pero rara vez los crean por sí solas.
Detrás de la violencia digital aparecen factores como la desigualdad, la ausencia de espacios comunitarios, la precariedad en la atención a la salud mental, la falta de educación digital, la violencia familiar y la escasa participación de personas adultas en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.
Más que patologizar a las juventudes o responsabilizar exclusivamente a la tecnología, quizá sea momento de preguntarnos qué necesidades emocionales, sociales y económicas están intentando satisfacer dentro del entorno digital.
La decisión de Francia abre una discusión necesaria sobre la protección de las infancias en el entorno digital. Sin embargo, en un país como México, donde la violencia, el reclutamiento criminal y las desigualdades atraviesan la experiencia cotidiana de millones de adolescentes, el debate no puede limitarse a establecer una edad mínima para abrir una cuenta.
Si las redes sociales ya no sólo venden entretenimiento sino también modelos de vida, el siguiente paso es preguntarnos qué ocurre cuando esos mismos espacios comienzan a promocionar apuestas deportivas, casinos en línea y promesas de riqueza inmediata a millones de adolescentes. Ese será el siguiente tema de análisis, con la participación del Dr. Alfredo Zarco.

