La política mexicana tiene una curiosa capacidad para cambiarle el nombre a las prácticas sin modificar necesariamente su esencia. Lo que en Morena recibe el apodo de “corcholatas”, en el PAN aparece ahora bajo la figura de coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad. Distintos discursos, pero una pregunta inevitable: ¿quién decide realmente quién encabeza los proyectos políticos?

En marzo, la dirigencia nacional de Acción Nacional anunció una apertura de candidaturas a la ciudadanía rumbo a 2027. Habló de registros, recolección de firmas, exposición pública, debates y mecanismos de selección como encuestas o elecciones primarias. El mensaje parecía claro: ningún espacio estaría apartado de antemano y los perfiles ciudadanos tendrían oportunidad de competir.

Sin embargo, el 8 de octubre, Jorge Romero entregó nombramientos como coordinadores territoriales a tres alcaldes en funciones de la Ciudad de México: Luis Mendoza, en Benito Juárez; Alessandra Rojo de la Vega, en Cuauhtémoc, y Carlos Orvañanos, en Cuajimalpa. El PAN sostiene que estas coordinaciones son tareas de organización y cercanía con la población, no candidaturas formales. La distinción importa y debe reconocerse.

Pero también importa la percepción pública. Cuando una fuerza política promete abrir la puerta a nuevos liderazgos y después coloca a figuras conocidas al frente de sus estructuras territoriales, tiene la obligación de explicar con transparencia cómo conviven ambas decisiones. ¿Qué peso tendrán las firmas ciudadanas? ¿Cuándo se celebrarán los debates? ¿Cómo se medirán los apoyos? ¿Y qué garantías habrá para que una persona sin padrinos partidistas compita en condiciones claras?

No se trata de negar la trayectoria de quienes hoy gobiernan esas alcaldías ni de concluir, sin pruebas, que las candidaturas ya están definidas. Se trata de exigir reglas públicas, criterios verificables y congruencia entre los anuncios y los hechos. La apertura ciudadana no puede reducirse a una convocatoria atractiva si, llegado el momento, los participantes desconocen cómo se toman las decisiones.

La discusión tampoco es exclusiva del PAN. Morena ha enfrentado cuestionamientos por sus propios mecanismos internos y por la manera en que distribuye responsabilidades y candidaturas entre sus grupos. Precisamente por eso, la crítica de un partido hacia otro sólo tendrá fuerza cuando esté acompañada de procedimientos que resistan el mismo escrutinio.

El reto de Acción Nacional no consiste únicamente en distinguirse de Morena en sus discursos, sino en demostrar —con documentos, calendarios y resultados accesibles— que la participación ciudadana puede influir en las decisiones. Abrir un registro es un primer paso; dar certeza a quienes se inscriben es lo que vuelve creíble el proceso.

Rumbo a 2027, la pregunta de fondo no es quién utiliza mejor el nombre de “coordinador”, sino si los ciudadanos serán protagonistas o únicamente invitados a una competencia cuyos criterios no conocen. La democracia interna se demuestra al permitir competir, pero sobre todo al explicar con claridad cómo se elige.