Mientras en México nos siguen diciendo que “no hay pruebas”, las contradicciones dentro del propio gobierno federal comienzan a pesar más que cualquier discurso oficial.

Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum y distintos funcionarios han insistido en minimizar los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, pese a los cuestionamientos internacionales, los señalamientos públicos y hasta la existencia de una ficha roja de Interpol que debería, por lo menos, encender todas las alertas institucionales.

Sin embargo, las propias versiones del gobierno terminan chocando entre sí.

Mientras Omar García Harfuch aseguró que Rocha Moya no contaba con resguardo federal y que su seguridad estaba a cargo de autoridades estatales, posteriormente la propia presidenta afirmó que sí tenía protección de la Guardia Nacional.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿quién dice la verdad?

Porque en un tema tan delicado no puede existir confusión institucional, mucho menos cuando se trata de un gobernador señalado por presuntos nexos con el crimen organizado.

Y lo más preocupante es la percepción que se está construyendo hacia afuera: un gobierno que parece dispuesto a proteger políticamente a ciertos personajes aun cuando existan cuestionamientos internacionales sumamente graves.

Mientras tanto, en contraste, el caso de Maru Campos ha sido tratado con una intensidad mediática completamente distinta.

A ella se le señala prácticamente por haber emprendido acciones contra grupos criminales y desmantelar narcolaboratorios, además de las acusaciones sobre una supuesta colaboración con agencias estadounidenses. Y aunque la fiscalía la llamó a declarar, el nivel de escándalo político y mediático pareciera querer colocarla como una amenaza mayor que los propios grupos criminales que operan en distintas regiones del país.

Ahí es donde surge una percepción peligrosísima: en México pareciera que combatir al crimen puede resultar más escandaloso políticamente que los señalamientos contra quienes presuntamente podrían estar vinculados con él.

Porque cuando las instituciones parecen medir distinto dependiendo del personaje político en turno, lo que termina debilitándose no es solamente la credibilidad del gobierno… sino la confianza misma en la justicia.

Y mientras el discurso oficial insiste en que “no hay pruebas”, las contradicciones, los silencios y las inconsistencias siguen alimentando una pregunta cada vez más incómoda para millones de mexicanos:

¿Realmente se está combatiendo al crimen… o solo se está administrando políticamente?

Por Karla Pulido