Por Armando Guzmán
El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terrance Cole, afirmó en una reunión sobre la importación de fentanilo realizada en Orlando, Florida, que existe una “conexión mortal” entre el crimen organizado y funcionarios corruptos en México.
Durante esta primera Cumbre de Estados Unidos Libre de Fentanilo, el funcionario estadounidense declaró que los cárteles y sectores del gobierno mexicano “son la misma cosa”.
Ustedes me han visto durante muchos años cubrir los asuntos más importantes entre México y Estados Unidos… pero nunca, nunca había visto que un funcionario relativamente de segundo nivel le faltara el respeto de esta manera a un gobierno nacional.
Obviamente, estas declaraciones terminaron marcando el debate binacional y generaron nuevas tensiones diplomáticas.
Los puntos clave de la postura estadounidense y la respuesta oficial mexicana
El titular de la DEA aseguró que combatir esta “inseparable” conexión es la prioridad número uno de la institución, argumentando que hay altos funcionarios que cooperan, conspiran y lucran con el trasiego de drogas sintéticas.
La respuesta de México fue inmediata.
El Gabinete de Seguridad rechazó categóricamente las acusaciones de la DEA, calificándolas como afirmaciones carentes de sustento. El gobierno mexicano defendió su estrategia de cero impunidad, destacando la detención de más de 59,000 personas, el desmantelamiento de redes de corrupción institucional y la extradición de objetivos criminales prioritarios.
El contexto de la tensión
Estas fricciones ocurren en un momento en que el Departamento de Justicia estadounidense impulsa procesos judiciales por narcotráfico contra políticos y exfuncionarios de Sinaloa.
Y… esa es la verdad: México y Estados Unidos no se están entendiendo.
Cuando EE.UU. reclama y México responde que está desmantelando laboratorios y deteniendo soldados menores de los cárteles… Washington interpreta que el gobierno mexicano está fingiendo demencia.
Lo que Estados Unidos exige es que se entregue al gobernador de Sinaloa y a sus diez asociados vinculados al Cártel de Sinaloa.
¿Y cómo respondió el Estado mexicano?
Pues diciendo que la Fiscalía General de la República no encontró absolutamente nada que ligue al gobernador con los cárteles.
Y lo hace cuando cualquier sinaloense sabe que Rocha Moya tiene años de estar asociado con los grupos criminales y que, sin su ayuda, el Cártel de Sinaloa jamás habría crecido como lo hizo.
Si México reinstalara a Rocha Moya como gobernador pese a una orden de aprehensión solicitada por Washington, el gobierno de Estados Unidos —y especialmente Trump— lo interpretaría como una afrenta directa, una señal de que México está protegiendo a un actor que Washington considera problemático.
La reacción sería dura, pública y probablemente acompañada de presiones diplomáticas y de seguridad.
¿Cómo reaccionaría Estados Unidos institucionalmente?
La respuesta seguiría tres líneas simultáneas:
Presiones diplomáticas — El Departamento de Estado emitiría una declaración formal señalando “grave preocupación” y exigiendo cooperación judicial.
Revisión de la cooperación bilateral — Podrían congelarse o condicionarse programas de seguridad, inteligencia y extradición.
Acción del Congreso — Los Comités de Seguridad Nacional y Asuntos Exteriores abrirían audiencias para investigar si México está “obstaculizando” esfuerzos contra el crimen organizado.
Nada de esto sería improvisado: es el patrón histórico cuando Washington percibe que México ignora solicitudes judiciales o extradiciones.
¿Cómo lo interpretaría Donald Trump?
Aquí la reacción se vuelve más personal y más política.
Trump tiende a interpretar estos gestos no como tecnicismos legales, sino como desafíos directos. En su estilo, esto se traduciría en tres lecturas:
“México está protegiendo criminales” — Frase que ha usado antes.
“Es una burla a Estados Unidos” — Trump suele personalizar los agravios.
“México no está cumpliendo” — Y usaría esto para justificar medidas de presión: aranceles, restricciones fronterizas o condicionamiento de cooperación.
Trump no es sutil en estos temas. Su reacción sería pública, probablemente inmediata y diseñada para mostrar fuerza ante su base política.
Queridos amigos… ¿Por qué este caso sería especialmente delicado?
Porque reinstalar a un gobernador que:
vive en México,
tiene una orden de aprehensión solicitada por Washington,
y cuya captura nunca se ejecutó,
se interpreta en EE.UU. como una señal de impunidad y como una decisión política que contradice la cooperación bilateral.
Para Trump… esto es dinamita.
Para él, reinstalar a Rocha Moya no sería un asunto administrativo, sino una provocación política. Y reaccionaría como reacciona ante las provocaciones: con presión, con retórica dura y con exigencias públicas.
¿Por qué México se está comportando así? No lo sé. Pero esta es una decisión de la Presidencia. Ahí se decidió no entregar a Rocha Moya. Y después de eso, no hay más que decir.
Tomen en cuenta que esta actitud ya nos costó el tratado de libre comercio que Trump se negó a renovar. México estará pagando con su economía, con su creciente desempleo y con la baja de oportunidades de negocios del exterior el proteger a funcionarios podridos por el crimen organizado.
Y eso, por el ángulo que usted quiera verlo, es una de las peores injusticias cometidas contra el pueblo mexicano.
A eso se refería el director de la DEA. A eso, precisamente, cuando mostró total falta de respeto por el gobierno mexicano.
