Los Tocables
Por Héctor Guerrero
El Instituto Nacional Electoral ha soportado durante años los embates de Morena. Andrés Manuel López Obrador convirtió a Lorenzo Córdova en uno de sus adversarios predilectos; cuestionó sus salarios, descalificó sus decisiones y alentó una campaña para desacreditar a la institución.
Antes, Luis Carlos Ugalde había enfrentado las consecuencias políticas de la elección de 2006. Ninguno de aquellos episodios produjo una crisis como la que hoy sacude al organismo: una investigación financiera que alcanza a su expresidenta, proveedores electorales, funcionarios y un entramado de relaciones empresariales que movió miles de millones de pesos.
La ironía es difícil de ignorar. Morena pasó años acusando al árbitro de estar al servicio de la oposición y ahora el árbitro tiene que explicar qué ocurrió en su propia casa.
Guadalupe Taddei, quien llegó a la presidencia del INE en 2023 mediante la insaculación de la Cámara de Diputados, terminó su gestión anticipadamente, entre señalamientos de conflictos de interés y presuntas irregularidades en las contrataciones. La autonomía que tanto se exigía hacia afuera parece haber tenido dificultades para instalarse puertas adentro.
Los números son reveladores. Cinco empresas vinculadas entre sí habrían simulado competencia para obtener contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, en 27 organismos electorales locales. Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México aparecen en las investigaciones. Según el contralor del INE, el grupo concentró 77 por ciento del mercado analizado.
Una competencia empresarial bastante peculiar: varias razones sociales, los mismos vínculos y una extraordinaria capacidad para encontrarse del lado ganador de las licitaciones.
La Auditoría Superior de la Federación añadió otra dimensión al expediente. Su titular, Aureliano Hernández, informó que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026 con distintas entidades públicas.
La investigación identificó empresas con registros laborales reducidos o inexistentes, operaciones entre sociedades relacionadas y posibles conexiones entre funcionarios y proveedores. No se trata de cantidades menores ni de una discusión sobre quién compró más caro el papel para las boletas. Estamos ante una revisión de los mecanismos mediante los cuales se ejercieron recursos públicos destinados a organizar elecciones.
El expediente ya no está únicamente en manos del órgano de control electoral. La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a 40 objetivos a su Lista de Personas Bloqueadas: 25 personas físicas y 15 empresas.
También presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. La Jornada reportó, con base en una fuente con acceso a la lista, que entre las personas afectadas estaría Taddei, junto con el empresario José Alfredo Hernández Casillas y algunos de sus socios. La UIF, sin embargo, no ha confirmado públicamente los nombres ni el número de cuentas inmovilizadas. La medida es preventiva, no una sentencia; pero el tamaño del expediente obliga a tomarlo con toda seriedad.
A la trama empresarial se suma el componente familiar. Una investigación de Expansión documentó que al menos diez integrantes de la familia Taddei han ocupado posiciones en gobiernos de Morena, en Sonora y en la administración federal.
Hijos, primos y sobrinos aparecen en distintas estructuras del poder público. El parentesco no constituye delito, pero tampoco puede convertirse en salvoconducto para evitar preguntas. Cuando una familia tiene presencia en tantos espacios de decisión, la transparencia deja de ser una cortesía y se convierte en una obligación.
Y el círculo político comenzó a cerrarse. Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la decisión de Taddei de separarse del cargo y pidió investigar los señalamientos. Dijo que era una buena decisión y que no podía haber sombras de corrupción. Una declaración que, por su contenido, difícilmente puede interpretarse como un cheque en blanco. La presidenta que recibió a una funcionaria cuestionada terminó reclamando auditorías y explicaciones. El respaldo político tiene sus límites cuando los expedientes comienzan a acumular cifras y nombres.
Después vino la desbandada. Treinta funcionarios dejaron sus puestos en el INE tras la salida de Taddei; 17 pertenecían a su oficina. Entre ellos, su jefe de oficina y responsables de áreas estratégicas. Si se tratara solamente de una renovación administrativa, habría que explicar por qué semejante cantidad de colaboradores abandonó el organismo en tan poco tiempo y por qué el nuevo Consejo General decidió revisar las relaciones funcionales y las contrataciones. La limpieza de una oficina no debería confundirse con la limpieza de un expediente.
Lo verdaderamente escandaloso es el contraste histórico. A Lorenzo Córdova lo persiguieron políticamente, lo exhibieron y lo convirtieron en símbolo de cuanto Morena decía combatir.
A Ugalde le endosaron durante años la controversia de 2006. Pero las acusaciones políticas no son investigaciones financieras, y las descalificaciones no equivalen a pruebas. Ahora, quienes hicieron del combate a los privilegios una bandera deben responder por una crisis que alcanza a una expresidenta del INE y a personas vinculadas con el partido gobernante. La vara que utilizaron para juzgar a sus adversarios tendría que servirles también para medirse.
Taddei ya se fue, pero su renuncia no puede funcionar como acta de absolución. Tampoco basta con que Morena tome distancia de quien hasta hace poco ocupaba una posición estratégica en el organismo electoral. Si hubo tráfico de influencias, simulación de competencia, desvío de recursos o enriquecimiento ilícito, las autoridades tendrán que acreditarlo y sancionarlo, sin importar los apellidos ni las lealtades políticas.
El INE no puede convertirse en otra institución donde los funcionarios llegan hablando de austeridad, autonomía y transformación, mientras alrededor florecen los negocios de los cercanos. Morena quiso convencernos de que el problema del árbitro eran sus anteriores presidentes. Ahora tiene que explicar el de los suyos.
¿Cómo va a desmarcarse Morena de Guadalupe Taddei: investigando hasta las últimas consecuencias, incluso si el expediente alcanza a su propia familia política, o aplicará la vieja receta de negar primero, guardar silencio después y descubrir, finalmente, que nadie conocía a la protagonista?
Tiempo al tiempo.
@hecguerrero
