La Divisa del Poder
Adrián Trejo
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó ayer de las tres líneas en las que trabaja en el análisis de los actos de corrupción cometidos entre funcionarios del INE y los proveedores de material electoral.
Sin embargo, la ASF que dirige Aureliano Hernández Palacios Cardel, ya anticipa en su comunicado conclusiones sin reconocer sus propias limitaciones legales y sin presentar una prueba de sus supuestos hallazgos.
El comunicado dice que las revisiones se harán de los años 2000 al 2025, es decir, desde el antiguo IFE al INE y a las OPLEs, cuyos recursos son mayoritariamente estatales, para “identificar y dar a conocer patrones de contratación y concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos de los grupos empresariales y los servidores públicos’’.
La ASF se justificó bajo el argumento de que “trabajos de inteligencia’’ y “el análisis de la información requerida a las entidades federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público’’ del IFE, INE y las OPLEs.
Lo curioso es que la supuestamente independiente ASF, sólo se puso en acción a partir de la presidenta Claudia Sheinbaum “sugirió’’ que se auditaran las administraciones anteriores del INE (antes IFE).
Como no somos expertos, recurrimos al doctor en derecho, Francisco Burgoa, para que nos explicara el alcance de las acciones anunciadas por la ASF.
De entrada, Burgoa califica de “lamentable’’ el comunicado, sobre todo la parte que de refiere al descubrimiento de irregularidades históricas desde el 2000, pues de facto reconoce que sus propias auditorias anuales no las detectaron o, peor, las ocultaron.
¿También serán llamados a cuentas los ex funcionarios de la propia ASF que no vieron el elefante en la sala? ¿O solo van por los ex funcionarios electorales?
Burgoa explica que la Constitución, en su artículo 79, establece la anualidad y solo permite revisar ejercicios previos de forma casuística y concreta, “no mediante un estudio histórico masivo’’.
“Los OPLEs son autónomos (artículo 116-IV constitucional) y la ASF solo puede fiscalizar recursos federales. Eso implica que, en teoría, también los órganos superiores de cada entidad federativa van a auditar a su OPLE’’, afirma.
Pero hay un tema que tiene que ver con la prescripción legal de las responsabilidades.
“En principio, casi todos los hechos anteriores a 2019 se encuentran prescritos, considerando que el plazo de prescripción es de siete años para las faltas administrativas graves o faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Hablar de trabajos de inteligencia y de prácticas ilegales sin expediente, sin personas ni fundamento legal prejuzga y viola la presunción de inocencia y el debido proceso’’, precisa.
Interpretando al especialista @FranciscoBurgoa, las supuestas auditorías parecen más una cortina de humo para contener el escándalo de corrupción detonado en la administración de Guadalupe Taddei o un intento por repartir culpas para abaratar el costo político de la decisión morenista de imponer a la sonorense.
A ver.
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Por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que se bloquearon la cuentas de 28 personas físicas y 15 morales que tenían relación con el tema electoral.
Y aunque no se precisan nombres en el comunicado, se supo que entre las 28 personas físicas se encuentran Guadalupe Taddei y varios colaboradores cercanos, así como las cuentas del empresario José Alfredo Hernández Casillas.
Vale aclarar que la propia UIF explica que el bloqueo de las cuentas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo que no implica que los afectados sean responsables de un delito, hasta que la autoridad competente lo establezca.
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El senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presentó una iniciativa de reforma constitucional y legal para devolver al Consejo General del INE la colegialidad en sus facultades de nombramientos de titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.
Como recordará, en el 2024, Morena y sus satélites eliminaron el requisito de que tales nombramientos fueran colegiados para dotar de un super poder a la presidenta del INE, quien no tuvo contrapesos para colocar a sus allegados en los puestos claves, administrativa y financieramente, del Instituto.
Beltrones sostiene que esa reforma “fue el origen de los abusos y corrupción del INE de #Taddei’’.
En su iniciativa, Beltrones propone que los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública que celebre el Instituto cuyo monto total exceda de diez millones de pesos “requeriría de aprobación previa del Consejo General. La colegialidad debe estar garantizada en la Constitución y en la ley; no concedida por voluntad personal’’.
Suena bien, pero Morena no está dispuesto a perder el control del Instituto.
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Sobre el mismo tema, el presiente del PRI, también senador, Alejandro Moreno, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de la República en contra de Taddei, su empresario favorito y otros funcionarios del INE por actos de corrupción.
La denuncia del dirigente tricolor se presentó antes que la anunciada por la actual presidenta interina del INE, Blanca Cruz García, quien hasta el momento no ha informado cuándo se presentará el documento ante las autoridades competentes.
Ni modo que no lo hagan.
