La política mexicana tiene una curiosa capacidad para administrar la indignación. Hay casos que ocupan titulares durante meses, que son amplificados desde las conferencias, las redes sociales y las tribunas legislativas. Y hay otros que, aunque involucran cuestionamientos igual de delicados, reciben un tratamiento mucho más discreto.

El caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es un ejemplo de cómo un expediente judicial puede convertirse también en una herramienta política. Nadie puede negar que los señalamientos que enfrentó fueron graves ni que existieron elementos suficientes para colocar el tema en el centro de la conversación pública. Sin embargo, también es cierto que Morena encontró en ese caso un adversario ideal para alimentar una narrativa de combate a la corrupción.

El problema surge cuando esa misma intensidad desaparece frente a otros asuntos que resultan políticamente incómodos. La exigencia de justicia parece depender más de quién esté involucrado que de los hechos mismos. Cuando se trata de opositores, la condena suele ser inmediata. Cuando los cuestionamientos alcanzan a personajes cercanos o cuando los resultados electorales no favorecen al partido en el poder, el discurso cambia y aparecen explicaciones, matices y llamados a la prudencia.

Lo ocurrido en Coahuila es un ejemplo reciente. Morena insiste en cuestionar una elección que los ciudadanos ya resolvieron en las urnas. Más que una autocrítica sobre los errores de estrategia, la falta de resultados o el desgaste de sus propios candidatos, la narrativa vuelve a concentrarse en desacreditar el resultado. Pareciera que para algunos actores políticos la única elección legítima es aquella que terminan ganando.

Quizá el problema de fondo es que la narrativa de la transformación comienza a mostrar signos de agotamiento en varios estados del país. Los electores ya no responden con la misma facilidad a los mismos argumentos de hace algunos años. La promesa de un cambio permanente pierde fuerza cuando los problemas de inseguridad, salud, infraestructura o crecimiento económico siguen presentes.

La memoria, como bien dicen algunos, no debe hacernos cómplices de la corrupción. Pero tampoco debería hacernos cómplices de la incongruencia. Si la exigencia de rendición de cuentas es válida para unos, debe ser válida para todos. De lo contrario, la justicia deja de ser un principio y se convierte simplemente en una herramienta de conveniencia política.