Se ha cruzado un umbral peligrosísimo: la filtración de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, aquella que documenta la operación de lo que quizá sea la red criminal y de complicidades políticas más grande en la historia del país, vinculada al huachicol fiscal, a la Marina y, en general, al gobierno de López Obrador.
Que un caso de esta magnitud —con nexos en las Fuerzas Armadas, las aduanas y hasta con cárteles de la droga— quede expuesto, refleja la extraordinaria vulnerabilidad institucional que enfrentamos como país.
El expediente filtrado a medios de comunicación —512 fojas— detalla lo que la propia Fiscalía y el gobierno ya habían admitido de manera general: que la Marina se convirtió en epicentro de una red criminal que facilitaba el contrabando de combustibles, encabezada por los sobrinos del almirante Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio pasado.
Gracias a la filtración, información que debía guardarse en estricta confidencialidad aparece respaldada con documentos, testimonios y nombres.
La ley es clara: el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la reserva de las investigaciones, y el artículo 225 del Código Penal Federal tipifica como delito la revelación de información confidencial. Filtrar este expediente no solo viola la ley, también socava un principio fundamental del proceso penal: la secrecía procesal.
Lo grave es el silencio. La Fiscalía no ha desmentido ni confirmado nada: ni la filtración del documento ni la veracidad de su contenido. Y su mutismo abre la puerta a la sospecha: ¿será porque todo es cierto?
Lo que revela el expediente prohibido es demoledor: los hermanos Farías Laguna, sobrinos del almirante Ojeda, ratificados como jefes de la red; el testigo protegido “Santo” confesando sobornos millonarios entregados en cajas de perfume; la denuncia de tensiones internas entre Andy López Beltrán y Omar García Harfuch; y el papel del Capitán Sol, operador financiero que coordinaba aduanas, sobornos y el paso de buques cargados de hidrocarburos ilegales. También se documenta que un contralmirante, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, fue asesinado tras reunirse con el secretario de Marina para advertirle de la trama de corrupción.
Pero hay más. Se han exhibido los vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se menciona a la empresa Vector, de Alfonso Romo, como parte del esquema de lavado de dinero, y se revela que incluso se introdujeron armas de contrabando al país. También se ha señalado una reunión, a finales de 2021, entre Gonzalo “Bobby” López Beltrán, Amílcar Olán y Roberto Farías Laguna, vinculada a las operaciones de esta red.
Tampoco quedan fuera los actores cercanos al poder: el empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, amigo y patrocinador de Adán Augusto López, que controlaba el muelle 289 en Tampico; las empresas de la familia de Audomaro Martínez, jefe de inteligencia de López Obrador, que forman parte del entramado criminal; y los negocios del hijo del gobernador Alfonso Durazo con uno de los sobrinos del almirante Ojeda.
La gran incógnita es quién decidió filtrar un expediente que, además de documentar la enorme red de huachicol fiscal, expone la guerra interna en el grupo gobernante.
. ¿A quién conviene que esta información salga a la luz? ¿Quién mueve los hilos dentro de la Fiscalía para exhibir a marinos, empresarios, políticos y hasta a los hijos de López Obrador? Y, aún más grave, ¿por qué Claudia Sheinbaum guarda silencio frente a una filtración que vulnera la secrecía procesal y sacude los cimientos de su gobierno?
Más aún, no podemos descartar un escenario perverso: que esta filtración, lejos de fortalecer la investigación, termine por dinamitarla. Si al final se comprueban los hechos y hay sentencias contra los responsables, la defensa podría alegar que se vulneró el debido proceso al hacerse público un expediente que debía permanecer reservado.
No sería la primera vez que un caso de gran calado se derrumba por violaciones procesales: ahí está el precedente de Florence Cassez, liberada por irregularidades en la investigación. Si este expediente filtrado se convierte en argumento para impugnar, el resultado sería desastroso.
Este expediente prohibido no solo desnuda la corrupción en el gobierno, en la Marina y en las aduanas, ni los vínculos con el crimen organizado y el lavado de dinero.
Sobre todo, revela el tamaño del conflicto interno que consume al poder y deja al país entero con una pregunta inquietante: ¿quién y con qué propósito filtró la verdad más incómoda para el régimen?
