Marco Antonio Almanza Avilés, quien se desempeñó como jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, en medio de señalamientos que lo vinculan con la facción criminal conocida como "Los Chapitos", perteneciente al Cártel de Sinaloa.
La información trasciende en un contexto de creciente cooperación entre autoridades estadounidenses y exfuncionarios sinaloenses presuntamente relacionados con investigaciones federales en aquel país. Aunque hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los términos de su entrega ni los posibles acuerdos alcanzados con las autoridades norteamericanas, diversas versiones apuntan a que Almanza Avilés estaría colaborando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Con este caso, el exmando policial se suma a una lista de exfuncionarios de alto nivel de Sinaloa que actualmente mantienen procesos o negociaciones con autoridades estadounidenses. Entre ellos destacan Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, cuyos nombres también han sido vinculados a investigaciones federales en territorio estadounidense.
La entrega de Almanza Avilés ocurre en un momento de fuerte presión internacional sobre las estructuras de protección política e institucional que durante años habrían favorecido la operación de grupos del crimen organizado en México. Analistas consideran que estos movimientos podrían derivar en nuevas revelaciones sobre presuntos nexos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.
Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana ha emitido una postura oficial sobre la entrega del exjefe de la Policía de Investigación ni sobre las implicaciones que este hecho podría tener para investigaciones en curso dentro del país.
El caso vuelve a colocar a Sinaloa en el centro de la atención nacional e internacional, particularmente ante el avance de investigaciones estadounidenses relacionadas con el financiamiento, protección y operación de grupos criminales vinculados al narcotráfico.
