Sonora y Michoacán: cuando el territorio se convierte en factor criminógeno
El caso de Alfonso Durazo requiere otra lectura. Sonora enfrenta una problemática criminal compleja debido, entre otros factores, a su ubicación fronteriza, las rutas de tráfico hacia Estados Unidos y la presencia de organizaciones criminales. Por eso, analizar a un gobernador únicamente a partir de las acusaciones que circulan sobre su persona sería metodológicamente insuficiente, ¿Qué está ocurriendo con los homicidios, la victimización, la extorsión, la percepción de seguridad y la capacidad institucional para responder?
Lo mismo sucede en Michoacán.
Alfredo Ramírez Bedolla gobierna una entidad donde el crimen organizado no representa únicamente una amenaza abstracta. Durante 2026, las autoridades estatales han denunciado la presencia de grupos armados vinculados al CJNG y enfrentamientos relacionados con disputas territoriales. La violencia ha incluido ataques contra fuerzas de seguridad y el uso de drones con explosivos.
También existen señalamientos políticos sobre supuestos vínculos de Bedolla con grupos criminales. Algunos se han sustentado en relaciones familiares o acusaciones de terceros; otros provienen de adversarios políticos. Entonces, ¿Qué ocurre psicológicamente con una comunidad cuando el crimen organizado tiene capacidad para extorsionar productores, controlar comunidades, disputar caminos y desafiar directamente a las fuerzas de seguridad?
En el mejor de los casos, puede aparecer indefensión, habituación, retraimiento de la denuncia, desconfianza institucional y modificación de las conductas cotidianas para sobrevivir… En el peor, las personas pierden la vida, son víctimas del reclutamiento forzado o les obligan a desplazarse producto de la violencia. Ahí es donde esta área de la psicología deja de estudiar únicamente al victimario y comienza a estudiar también a las víctimas, a las comunidades y a las instituciones.
Jalisco: gobernar después de El Mencho
Pablo Lemus enfrenta quizá uno de los escenarios más complejos del país y aunque no sería responsable atribuirle vínculos con el CJNG sin evidencia acreditada (guiño, guiño). Lo que sí podemos afirmar es que Jalisco constituye uno de los principales territorios de operación de una organización criminal que durante años construyó una enorme capacidad económica, territorial y armada. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de 2026, durante un operativo militar en Jalisco, provocó una reacción violenta del CJNG que incluyó bloqueos, incendios y enfrentamientos en distintos puntos del país.
El reto para Lemus no puede reducirse entonces a su personalidad, sus declaraciones o su popularidad. El verdadero desafío es determinar si el Estado puede recuperar control territorial, capacidad de respuesta y legitimidad institucional frente a una organización que durante años construyó estructuras criminales de enorme magnitud.
Porque cuando un grupo criminal consigue modificar las rutinas de una población, condicionar actividades económicas, controlar espacios geográficos o desafiar directamente a las autoridades, no estamos solamente ante un problema de delincuencia, más bien hablamos de que existe un problema en torno a quien ejerce el poder.
David Monreal y el peligro de acostumbrarnos a las acusaciones
David Monreal representa otra dimensión del problema: la persistencia de acusaciones políticas que sobreviven durante años. En 2016, dirigentes del PRI y del Partido Verde retomaron públicamente un caso ocurrido en 2009, cuando autoridades federales decomisaron 12.5 toneladas de marihuana en una bodega ubicada en Fresnillo que se vinculaba políticamente con Monreal. Los señalamientos fueron utilizados electoralmente contra el entonces candidato de Morena.
Más allá de la responsabilidad, existe un fenómeno social que merece atención: ¿qué sucede cuando una acusación permanece durante tanto tiempo que termina convirtiéndose en parte del paisaje político?
La respuesta es la normalización y las acusaciones también constituye un problema institucional. Nos urgen mecanismos capaces de investigar, transparentar, acreditar responsabilidades y establecer consecuencias reales que no sean saltar como chapulín de puesto en puesto o partido en partido.
¿Quién gobierna al gobernador?
Desde la psicología criminológica no necesitamos determinar qué gobernador es “más peligroso”. De hecho, no existe una metodología criminológica seria que permita hacer esa clasificación sobre la base de rumores o señalamientos. La propia lógica de la criminología exige distinguir entre percepción, factores de riesgo, conducta y responsabilidad acreditada.
Lo que sí podemos hacer es construir preguntas mucho más útiles: ¿Dónde existen mayores tasas de homicidio?, ¿dónde hay más victimización?, ¿dónde la población se siente más insegura?, ¿dónde la extorsión se ha convertido en una amenaza cotidiana?, ¿dónde el crimen organizado controla territorios?, ¿dónde existe menor confianza en las instituciones?
Debemos dejar de preguntarnos únicamente quién es el malo y comenzar a preguntarnos qué condiciones permiten que el daño ocurra, se repita y termine normalizándose. Un gobernador no debería ser evaluado por la cantidad de rumores que existen sobre él, en cambio debería ser evaluado por la capacidad de su administración para proteger a la población, fortalecer instituciones, reducir factores de riesgo, responder ante la violencia y evitar que el poder público pueda convertirse en una extensión de intereses privados vinculados con estructuras criminales.
Ayotzinapa nos enseñó, de la manera más dolorosa posible, el costo de no reconocer las señales.
