Por Cindy Pulido

La reciente detención de Ángel Aguirre Rivero vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que llevamos décadas evitando: ¿qué ocurre cuando quienes gobiernan territorios atravesados por la violencia y el crimen organizado no quieren ver (o, en el mejor de los casos, no son capaces de reconocer) las señales de riesgo que tienen frente a ellos?

Pero hay una pregunta todavía más incómoda si observamos el fenómeno desde la psicología criminológica:

¿Qué sucede psicológica e institucionalmente cuando la violencia deja de percibirse como una excepción y comienza a formar parte del paisaje cotidiano del poder?

El caso de Aguirre no es menor. El exgobernador de Guerrero fue detenido en agosto de 2026 en el marco de una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con la presunta obstrucción de la justicia y desaparición forzada vinculadas con el caso Ayotzinapa. La acusación actual se relaciona con la presunta destrucción u ocultamiento de material videográfico que podría aportar información sobre lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.

Ayotzinapa, además, no ocurrió en un vacío institucional. Guerrero arrastraba una larga historia de violencia política y criminal. Antes de Aguirre estuvo Rubén Figueroa Alcocer, cuya administración quedó marcada por la masacre de Aguas Blancas de 1995 y su posterior salida del gobierno estatal. La historia política de Guerrero permite observar algo que desde la criminología resulta fundamental: el delito no puede analizarse únicamente a partir del individuo que lo comete, sino también a partir del contexto que facilita, tolera, encubre o normaliza determinadas conductas.

El riesgo no siempre tiene rostro criminal

Cuando hablamos de psicología criminológica existe una tentación peligrosa: buscar en el rostro de una persona las características que supuestamente permitan identificar al “criminal”.

No existe una metodología criminológica seria que permita determinar que un gobernador es “más peligroso” que otro únicamente a partir de rumores, acusaciones o percepciones. Tampoco corresponde realizar diagnósticos psicológicos a distancia ni atribuir trastornos de personalidad a personajes públicos sin una evaluación clínica y forense.

Lo que sí podemos estudiar son conductas, factores de riesgo, dinámicas de poder y condiciones ambientales. Una persona puede encontrarse en un contexto criminógeno sin ser delincuente. Una institución puede encontrarse profundamente debilitada sin que todos sus integrantes sean corruptos. Una sociedad puede acostumbrarse a la violencia sin que cada ciudadano la apruebe… Pero el problema aparece cuando esas condiciones comienzan a interactuar y generar más violencia como si se tratase de una bola de nieve.

La criminología ha estudiado durante décadas cómo determinados entornos pueden favorecer oportunidades para la comisión delictiva, la impunidad y la persistencia de conductas antisociales. En el ámbito político, esto obliga a mirar algo que pocas veces discutimos: el riesgo institucional.

No todos los estados cuentan la misma historia

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI ofrece una herramienta particularmente útil porque permite observar victimización, incidencia delictiva, percepción de seguridad y otros indicadores desde la experiencia de la población. La edición 2025 contiene resultados específicos para cada entidad federativa.

Tamaulipas, gobernado por Américo Villarreal Anaya, suele aparecer en el imaginario nacional como sinónimo de violencia y crimen organizado. Sin embargo, los datos más recientes obligan a mirar también aquello que contradice nuestras primeras impresiones.

Durante 2024, Tamaulipas registró una tasa de 16,537 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, frente a 24,135 a nivel nacional. Su tasa de incidencia delictiva fue de 25,116 delitos por cada 100 mil habitantes, también por debajo del promedio nacional de 34,918.

Incluso la confianza ciudadana en la policía estatal mostró una tendencia positiva: de 53.8% en 2022 pasó a 62.6% en 2024. La percepción de inseguridad en los municipios descendió de 60.8% a 54.9% durante ese mismo periodo.

Esto no significa que Tamaulipas haya dejado de tener problemas. Esta columna tampoco pretende blanquear a nadie, más bien significa algo mucho más sencillo: la percepción de peligrosidad de un territorio no necesariamente coincide con todos sus indicadores criminológicos.

Y esto es importante porque la psicología criminológica también estudia la percepción del riesgo. Una población que ha vivido durante años bajo violencia puede desarrollar procesos de habituación, entonces lo extraordinario comienza a convertirse en cotidiano, lo que antes generaba alarma puede terminar formando parte de la rutina.

En 2026 han circulado nuevamente señalamientos periodísticos sobre supuestos vínculos entre Américo Villarreal y redes de tráfico ilegal de combustible. Villarreal ha rechazado categóricamente esas acusaciones y ha mostrado públicamente su visa estadounidense, negando que le haya sido revocada.

Aquí la responsabilidad periodística es indispensable: existen señalamientos, pero no corresponde convertir una acusación en una condena. Precisamente por eso resulta más interesante analizar el fenómeno desde la psicología criminológica.

Porque la normalización de una acusación no es lo mismo que la comprobación de un delito.

Cuando una sociedad escucha durante años señalamientos contra personajes públicos, puede ocurrir un fenómeno paradójico: al principio existe indignación; después, repetición; finalmente, indiferencia: “Siempre se ha dicho eso”, “todos están metidos”, “así funciona la política”, “no podemos esperar más de ellos.”

Estas frases parecen inofensivas, pero describen un proceso social profundamente relevante: la reducción de la percepción de gravedad frente a determinados comportamientos.