En uno de los momentos más tensos de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio un nuevo impulso a la Operación Enjambre, ahora en Morelos. El secretario Harfuch informó la detención del alcalde en funciones de Atlatlahucan, Agustín Toledano; del exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez; y de cuatro funcionarios de Cuautla, así como la búsqueda del alcalde de dicho municipio, Jesús Corona, actualmente prófugo. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP incorporó a 22 personas y 10 empresas a su lista de personas bloqueadas, por su presunta relación con una red de corrupción vinculada a “El Barbas”, señalado como operador del Cártel del Pacífico.

Estas detenciones se suman a otras recientes. En marzo, el gobierno de Morelos informó la detención de tres funcionarios de Amacuzac, señalados por extorsión agravada, como parte de la estrategia contra la extorsión anunciada en 2025, implementada por la Unidad Especializada contra el Secuestro y la Extorsión, con base en las facultades otorgadas por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Las operaciones en Morelos responden a una demanda social sostenida ante la evidente influencia del crimen organizado en varios municipios, donde el cobro de piso y las amenazas han afectado de forma constante la vida comunitaria.

La Operación Enjambre es una estrategia de la gabinete de seguridad del gobierno federal, encabezada por el secretario Harfuch en colaboración directa con la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades estatales, que busca combatir la corrupción institucional y la extorsión en municipios donde el crimen organizado se ha infiltrado en estructuras locales, con el objetivo de recuperar dichos espacios. Desde finales de 2024, suma más de 70 servidores públicos detenidos, entre ellos al menos 14 alcaldes y exalcaldes, en entidades como Estado de México, Jalisco, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca y ahora Morelos.

Las acciones en Morelos coinciden con la presión de Estados Unidos para que México investigue, detenga y, en su caso, proceda a la extradición de funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado encabezado por Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios más de ese estado, quienes además cuentan con fichas rojas de la Interpol. Tal es la relevancia de lo que está sucediendo entre ambos países que ayer el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se reunió con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional para abordar la agenda bilateral de seguridad y migración, a lo que la mandataria señaló que acordaron “seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de ambos países”. Esta visita refleja una visión de seguridad nacional impulsada por Trump que extiende sus alcances más allá de las fronteras estadounidenses y busca influir en decisiones y dinámicas de otros Estados, haciendo cada vez más difusa la línea entre cooperación en seguridad e injerencia externa.

La paradoja es que, en medio de las presiones provenientes de Estados Unidos, se han activado estrategias y acciones de seguridad más amplias frente a estructuras criminales y redes de corrupción, incluyendo investigaciones y señalamientos que alcanzan a actores de la clase política. Sin embargo, reconocer estos efectos no implica asumir que las presiones externas deban convertirse en una vía legítima o permanente de actuación, pues ello también implica riesgos para la soberanía y para la relación bilateral. El verdadero reto para México es que estos procesos avancen con autonomía y fortaleza institucional, y que las investigaciones lleguen hasta donde deban llegar, sin importar el nivel político o de poder involucrado, para desmontar estructuras que durante años han operado con protección, impunidad o capacidad de influencia dentro del propio aparato público.