La Divisa del Poder

Adrián Trejo

El “Culiacanazo II’’ , ocurrido la tarde del lunes en Totolalpan, Morelos, sienta un pésimo precedente para el combate a la delincuencia organizada, que parece haber encontrado la fórmula para evitar la captura de las cabezas de los carteles.

Como sabe, personal de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, detuvo por casualidad, a un delincuente de nombre José David Vergara, mientras se realizaban las diligencias para entregar a una persona un predio que le había sido invadido.

La información oficial establece que Vergara “rondaba por el perímetro de seguridad’’, por lo que fue detenido.

La dependencia hizo la detención sin que hubiera un orden de aprehensión, ni siquiera quedó claro que hubiera una carpeta de investigación en contra del sujeto, al que se le acusa de ser uno de los líderes de la banda “La Empresa’’, ligada al cartel de “Pueblos Unidos’’, acusado de extorsión, delincuencia organizada, homicidio y narco.

Según la explicación oficial, se le detuvo en posesión de droga.

Tras conocerse su detención, la base social que estos grupos han construido a los largo de los años ante la ausencia y/o complacencia de las autoridades municipales y estatales, secuestró a tres agentes ministeriales que estaban en Totolalpan investigando otro asunto que no tenía nada que ver con el operativo.

Quemaron vehículos y cerraron los accesos a la población para forzar un intercambio: el delincuente por los tres ministeriales.

La autoridad cedió; Vergara fue liberado y horas después, también los agentes.

Las críticas por la actuación de las autoridades locales no se hicieron esperar a pesar de que el fiscal Fernando Blumenkron Escobar, se justificó recalcando que no iban preparados para enfrentar una reacción de ese nivel porque la captura del delincuente fue una casualidad, un chiripazo.

Por eso no hubo el respaldo de fuerzas federales.

Como sea, el culiacanazo en su versión morelense, dejó en claro dos hechos innegables con los que el gobierno del estado no ha podido lidiar:

La base social que han construido esos grupos ante la ausencia de las autoridades, su complacencia o su abierta complicidad.

No es el primer caso en el que una población sale en defensa de un delincuente, lo vemos con cierta frecuencia en Puebla, Guerrero y Michoacán, pero sí la segunda en la que estos grupos le ganan la partida a las autoridades.

El segundo hecho es que, una vez comprobada su efectividad, nada garantiza que en operaciones futuras los capos o líderes regionales o como quiera llamarles, vuelvan a replicar la acción: secuestrar a un grupo de personas para canjearlas por el o los delincuentes.

Lo ocurrido el Totolalpan no puede verse como un hecho aislado, sino como un modus operandi que va siendo común.

Hará falta más que sentido discursos y promesas de endurecimiento de las políticas de seguridad para poder superar, primero, la base social innegable que tienen los cárteles en algunas zonas y, segundo, la amenaza que constituirá el chantaje delincuencial.

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Con eso que los legisladores de Morena hicieron suyo el primer mandamiento de López Obrador “a mi que no vengan que la ley es la ley’’, los diputados guindas pretenden hacer reformas electorales a pesar de que la constitución lo prohibe expresamente cuando se haya iniciado ya el proceso electoral.

Este comenzó, oficialmente, el 10 de septiembre pasado.

Aún así, el suspirante a la alcaldía de Miguel Hidalgo y diputado federal, Víctor Hugo Lobo, presentó una iniciativa, mediante la cual se pretende reformar La Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Y mire, entre otras cosas, el morenista propone que una elección se cancelada o anulada por una “cobertura informativa indebida’’.

¿Qué es eso?

Bueno, la presunción de una cobertura o programación de los espacios informativos y noticiosos “constituyan una actividad publicitaria reiterada y sistemática’’, dirigida influir en las preferencias electorales en lugar de responder a un ejercicio periodístico.

Exacto, como se hace en Canal 11, el 22 y la radio y la televisión en manos del gobierno federal y los estatales.

O qué, ¿esos no cuentan?