Alejandro Moreno, o más bien Rubén Moreira del PRI se salió con la suya. La iniciativa presidencial de cambio en el paradigma de la industria eléctrica se votará después de las elecciones de junio. Así, el país continuará en la incertidumbre por la aprobación de la contrarreforma eléctrica, asunto que ha afectado de manera importante la inversión privada y, consecuentemente, el crecimiento económico para 2022. El parlamento abierto no dio lugar a un auténtico diálogo o debate públicos, ni mucho menos sirvió para generar un consenso sobre el sentido de la reforma.

Lo fundamental para Moreira no son las virtudes del proyecto de reforma, sino lo que ocurra en las elecciones de gobernador en junio. Lo relevante para él es la elección de Hidalgo, lo demás no importa, ni la industria eléctrica ni la economía. Se ve al presidente López Obrador como si fuera el dueño de los votos y de los candidatos que hacen lo suyo para ganar la elección. El chantaje que se pretende es una vergüenza para el PRI, para el resto de sus legisladores y, todavía más, para quienes conforman el bloque opositor. Hidalgo lo resolverán los votantes a partir de las campañas que hagan los candidatos y el PRI puede ganar, también Morena.

Por lo pronto Moreira logró acreditar que tiene sometidos a los gobernadores del PRI. La batalla de Hidalgo fue significativa. El CEN del PRI, es decir, Moreira, impone a los candidatos a gobernador. El mensaje es inequívoco para los mandatarios de Coahuila y del Estado de México. Resistirse a la postura del coordinador de los diputados significará para los gobernadores perder la capacidad de procesar su propia sucesión, a pesar de que en ambas entidades se perfila un resultado favorable al bloque opositor.

Marko Cortés y la dirección del PAN deben estar dimensionando la magnitud del error de entregar a Alito Moreno y a Rubén Moreira las dos posiciones más relevantes para procesar la reforma constitucional eléctrica: la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y el órgano de gobierno de la Cámara, la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, respectivamente.

El presidente López Obrador no engañó. Anunció públicamente desde que perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados que iría por los votos de los legisladores del PRI. El tema no era escoger entre Cárdenas o Salinas, sino entre acción judicial penal contra los exgobernadores de Campeche y Coahuila o impunidad. Increíble que la dirigencia del PAN y del PRD no lo hayan tomado en serio. Por ello Moreira decidió actuar de manera independiente al bloque opositor en el momento que se dio a conocer la iniciativa. En reunión con sus diputados Moreira se hizo eco del argumento del presidente López Obrador, al preguntarles por qué si la reforma de Peña Nieto era buena para el país por qué tuvieron que comprarse los votos de los legisladores.

Ante la traición de Moreira, el PAN y el PRD han preferido optar por la negación y lo que todavía es peor, se han prestado a avalar a Moreira por oportunismo electoral. El PAN nada tiene que ganar que no sean algunas alcaldías, incluso en Aguascalientes prevalecería sin coalición con el PRI.

Aún así, Alito y Moreira no tienen los votos suficientes de los legisladores del PRI para aprobar la reforma de López Obrador. La idea de llevar al PRI al campo lopezobradorista es suicidio, aún en el supuesto de que sirviera para ganar Durango e Hidalgo. La disputa real se dará en 2023 en el Estado de México y en Coahuila y eso no es asunto del CEN del PRI sino de los gobernadores Del Mazo y Riquelme. Lo que ocurra con Morena en dichas entidades será de impacto mayor para las elecciones de 2024.

La respuesta al chantaje de Moreira al presidente López Obrador tiene replica por parte del PAN: llevar la votación el periodo de sesiones que inicia en septiembre. Alejar la votación legislativa de las elecciones para que se resuelva en función de las virtudes o insuficiencias de la iniciativa presidencial y, de paso, a que tenga lugar la renovación de la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados.