Ocho de 10 políticos y mandos de policía en Sinaloa, requeridos en extradición por Estados Unidos, incluidos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia y Enrique Inzunza, senador de Morena, declararon este martes 26 de mayo como testigos, por no más de media hora cada uno, en la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia que encabeza Ernestina Godoy investiga si contra estas personas, y dos más que ya se entregaron a la justicia de Estados Unidos, hay pruebas “claras, contundentes e irrefutables” que los vinculen al Cártel de Sinaloa y sus actividades del narcotráfico.

La indagatoria inició a partir de la solicitud del gobierno estadounidense para detener “urgentemente”, con fines de extradición, a las citadas personas, y la posterior negativa del gobierno mexicano de capturarlos.

Ante los señalamientos desde la Unión Americana, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que Estados Unidos no presentó pruebas y pidió a la FGR abrir una investigación propia para determinar, con base en ello, si se accede o no a la detención.