Por Cindy Pulido
En últimos meses se ha visto un aumento de situaciones violentas que involucran a adolescentes. Es a raíz de lo anterior, que resulta interesante hacer el análisis sobre las condiciones estructurales que existen en estos contextos y que, de hecho, nos habla de juventudes que no sólo delinquen sino que están insertos en un sistema donde, en muchos casos, los empuja y los castiga sin que existiera protección previamente.
Los hechos recientes son difíciles de ignorar. En marzo de 2026, un adolescente de 15 años asesinó a dos profesoras en una escuela en Michoacán, un acto que estremeció al país no solo por su violencia, sino por la escena posterior: fueron sus propios compañeros quienes lograron desarmarlo. Días después, otro caso generó indignación nacional: el feminicidio de Leyla Montserrat en Sonora, cometido por dos adolescentes que grabaron el crimen.
Estos casos, lejos de ser aislados, reflejan una tendencia más profunda. De acuerdo con datos del INEGI, miles de adolescentes ingresan cada año al sistema de justicia penal, muchos de ellos provenientes de contextos de violencia, consumo de sustancias y abandono institucional.
Los delitos cometidos por adolescentes incluyen homicidio, violación y extorsión, con consecuencias irreparables para las familias afectadas. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿en qué momento dejamos de verlos como sujetos de derechos y comenzamos a verlos únicamente como sujetos de castigo?
Porque sí, hay víctimas y no pueden ni deben ser olvidadas, pero reducir el problema a una lógica punitiva es, en el fondo, una forma de simplificar una realidad social mucho más compleja.
Detrás de muchos de estos jóvenes hay historias que se repiten: entornos familiares violentos, acceso temprano a drogas, abandono escolar y exposición constante a la violencia. No es casualidad que un porcentaje significativo de adolescentes en el sistema haya experimentado maltrato o incluso ideación suicida.
Es decir, antes de ser victimarios, muchos ya habían sido víctimas y como mencioné en alguna columna previa, "El delito es una construcción social", ergo, sus actores están inmersos en un escenario que en ocasiones parece ser la única posibilidad (y ojo, que entender no significa justificar). El problema es estructural. México enfrenta una crisis de violencia más amplia, diariamente vemos desapariciones, impunidad y presencia del crimen organizado, que termina permeando en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.
Es entonces cuando la línea entre sobrevivir y delinquir se vuelve peligrosamente delgada.
Sin embargo, el debate público suele inclinarse hacia soluciones rápidas: endurecer penas, reducir la edad penal o ver el internamiento como respuesta inmediata. Ahora bien, recordemos los tratados internacionales que rigen la impartición de Ley para esta población, son varios y no son menores:
1. Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
2. Reglas de Beijing (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores)
3. Reglas de Tokio (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad)
4. Reglas de La Habana (Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad)
5. Directrices de Riad (Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil)
6. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
Por su participación y firma, México no puede imponer penas más severas e incluso si lo hiciera, es muy probable que no sirviera de mucho, pues el delito no se previene a través de la pena, sino de toda la estructura donde se ve inserto. Por otro lado, me parece muy importante citar a la Dra. Sofía Cobo, quien ha sido una de las investigadoras más importantes en este campo y que explicaba lo siguiente:
5 años para alguien de 50 años, es apenas una pequeña parte de la vida de esa persona; en cambio, 5 años para alguien de 15 años, representa la tercera parte de su vida. Recordemos que legalmente se establece que la privación de la libertad debe ser una medida extrema, no la regla.
En México, aún insistimos en tratar el síntoma en lugar de la enfermedad, cuando hablar de adolescentes en conflicto con la ley exige algo más incómodo que indignación: exige responsabilidad colectiva. Implica cuestionar no solo a quienes delinquen, sino a las instituciones que fallaron antes, a las políticas públicas que no llegaron y a una sociedad que normaliza la violencia.
