Federico Berrueto
Todo exceso cobra factura; en temas personales, también en el ejercicio de la autoridad. Han pasado más de ocho años desde que López Obrador, con el voto mayoritario ganó el poder. La mayoría en el descontento quería y esperaba un cambio radical; AMLO les cumplió, pero no en los términos deseables, al menos para muchos.
La transferencia directa de recursos públicos a millones de mexicanos y el incremento sustantivo de los salarios blindaron política y socialmente al proceso de destrucción del régimen democrático y de militarización de la vida pública. La oposición marginal y los factores de poder normalizaron la deriva autoritaria del régimen entre el temor y la complacencia, quizás con la idea de que el mal tenía fecha cierta de caducidad.
A pocos movió al rechazo la manera en que el poder presidencial desde el espacio público matutino rompió con las reglas más elementales de la comunicación institucional. Los medios, en su mayoría, acompañaron al régimen en su empeño de imponer su realidad, sin importar que se transgredieran principios básicos como el respeto a la libertad de expresión y la presunción de inocencia. La mañanera, con la complacencia de todos, además de un espacio de grosera propaganda sobre logros del gobierno, se volvió el paredón para ejecutar periodistas, críticos, adversarios y particulares a partir del interés del régimen.
Después de 8 años de esa elección se puede hacer un balance de resultados en cualquiera de los planos de la gestión pública. Nada qué presumir; incluso abatir la pobreza no registra cifras superiores a gobiernos previos, entre otras cosas, porque no hubo crecimiento económico. En una perspectiva más rigurosa sobre el tema debe preocupar el deterioro significativo de la red social de bienestar, particularmente en materia de salud y calidad educativa. Lo que sí se advierte es un desastre en las finanzas públicas, la infraestructura y la capacidad financiera para enfrentar a los desafíos inmediatos del país.
Lo peor no está en la economía o en el plano social, de por sí muy malo, sino en la política y la justicia. Superar la situación de impunidad generalizada y de justicia selectiva se complica por la destrucción de las instituciones de la República, tarea acometida por una mayoría parlamentaria que no se corresponde a la voluntad ciudadana. La sociedad y los ciudadanos padecen un estado de indefensión ante el autoritarismo gubernamental. La oposición es marginal y los factores sociales de contención al abuso de poder, especialmente los medios de comunicación, carecen de la fuerza o el ascendiente para cumplir tal tarea. Incluso parte de los medios privados son instrumento del régimen político en su empeño de reafirmarse.
Cuatro ejemplos ilustran la perfidia de la justicia de ahora frente a los que el poder identifica como enemigos: Jesús Murillo Karam, Rosario Robles, Alejandra Cuevas y Ernesto Ruffo. Cada caso, muy diferente, trasciende la eventual responsabilidad del inculpado. Todos ellos concurren a la autoridad a pesar de la embestida alevosa y desproporcionada del fiscal; no se trata de un asunto de culpa o sentencia, es exhibir el poder (tengan para que los demás aprendan) y hacer de la detención espectáculo para que los señalados sean prontamente ejecutados ante el paredón de la maledicencia. Se volvió en su contra la decencia de los inculpados y la honorable actitud de comparecer ante la justicia. Cada uno de estos asuntos adquiere relieve frente a la permisividad hacia el crimen organizado, sus operadores y cómplices en posiciones de autoridad.
Conforme el régimen político se ve arrinconado por los efectos internos e internacionales por la impunidad, se acentúa su parcialidad frente a propios y adversarios. El contrabando de combustible es la evidencia más explícita del fracaso del régimen, de allí la necesidad de imputar a un símbolo de la democratización ahora destruida, es el propósito de la aprehensión y exhibición de Ernesto Ruffo. Una acción de abuso extremo por dos consideraciones a la vista de todos: se emprende justicia no para conocer la verdad y sancionar responsables, sino para exhibir, tornar la justicia en espectáculo con la participación protagónica de un fiscal y un juez bajo consigna del poder político.
Segunda consideración: el caso Ruffo y el de la gobernadora de Chihuahua Maru Campos muestran la parcialidad, las dos varas, la manera diferenciada en que el régimen aborda los casos de políticos afines, respecto a quienes se ven como enemigos. A los de casa impunidad, a los de enfrente justicia a modo al margen de la presunción de inocencia y del debido proceso.
