Estados Unidos, la lógica de la intervención en terreno fértil
Cada vez que Estados Unidos insinúa —o ejecuta— una intervención militar o política directa en un país latinoamericano, el problema rebasa por mucho a la nación agredida.
Esto es la confirmación de una lógica peligrosa en la que una potencia se arroga el derecho de decidir qué gobiernos son aceptables, qué economías deben corregirse y qué pueblos pueden ser castigados en nombre de valores que rara vez se aplican hacia adentro.
La historia latinoamericana ofrece suficientes pruebas como, por ejemplo, Guatemala en 1954, Chile en 1973, Nicaragua durante los años ochenta, Panamá en 1989. En todos los casos, el libreto fue similar primero la construcción de un enemigo —comunista, populista, dictatorial, terrorista—; luego el cerco económico, mediático e ideológico; después, la intervención directa o indirecta.
Los resultados siempre derivan en Estados debilitados, sociedades fragmentadas, economías abiertas a intereses externos y una larga estela de violencia que pagan, siempre, los ciudadanos comunes.
Hoy, el discurso es el narcotráfico, un flagelo real y devastador en América Latina, comienza a ser enmarcado como terrorismo internacional. En el lenguaje geopolítico estadounidense, el terrorismo habilita invasiones preventivas, operaciones extraterritoriales, violaciones sistemáticas de soberanía. El problema es que ese relato omite deliberadamente que Estados Unidos ha sido, por décadas, uno de los mayores mercados consumidores de drogas del mundo y un actor central en los circuitos financieros que lavan el dinero del crimen organizado.
La ideología se encarga de pavimentar el terreno a través de sus industrias culturales, sus plataformas digitales y su dominio mediático; Estados Unidos ha logrado instalar una narrativa aspiracional profundamente arraigada en amplios sectores latinoamericanos, principalmente en las llamadas clases medias, aunque también ha permeado en los niveles socio culturales más del México profundo.
Se admiran sus valores, su música, su idioma, su estilo de vida, mientras se erosionan —a veces con desprecio— las tradiciones, la memoria histórica y el sentido de pertenencia nacional. El patriotismo se vuelve una palabra incómoda, asociada al atraso o al autoritarismo, justo cuando más se necesitaría una conciencia colectiva sólida frente a presiones externas.
Y nuestro México ocupa una posición particularmente vulnerable como vecino inmediato de la potencia militar más grande del planeta, dependiente económicamente y atravesado por una profunda penetración cultural, el margen de maniobra es reducido.
Si en lo militar el tema es insalvable, abona también una aceptación casi resignada de que ciertas políticas deben acatarse porque “no hay alternativa”. La soberanía, en este escenario, se vuelve un concepto negociable.
Estados Unidos atraviesa una decadencia evidente, pero lenta. No es el derrumbe súbito de los imperios clásicos, sino una erosión prolongada que puede extenderse por décadas. Esa decadencia no implica pasividad sino más bien al contrario.
Históricamente, las potencias en declive tienden a reaccionar con mayor agresividad para asegurar recursos estratégicos —petróleo, litio, agua, tierras— y mantener su posición en el tablero global. América Latina, rica en bienes naturales y políticamente fragmentada, aparece como un objetivo evidente.
Asimismo, cuando se habla de intervenciones, casi nunca se menciona el papel de los grandes corporativos que operan detrás de los Estados. Empresas energéticas, financieras, tecnológicas y armamentistas influyen de manera decisiva en las agendas de seguridad y política exterior. Los gobiernos pasan, los presidentes envejecen, pero los intereses económicos permanecen, y cuando esos intereses chocan con la autodeterminación de los pueblos, la balanza se inclina históricamente contra éstos.
El saldo humano de estas decisiones suele traducirse en migraciones forzadas, destrucción ambiental, precarización laboral, generaciones enteras creciendo bajo la normalización de la violencia. La intervención se vende como salvación; en la práctica, produce dependencia, desarticulación social y una democracia vaciada de contenido.
El riesgo mayor no es únicamente la invasión explícita, sino la aceptación previa, ya trabajada previamente a través de los medios de comunicación, principalmente. La internalización y normalización de la idea de que hay países con derecho a mandar y otros destinados a obedecer y que el uso de la fuerza es legítimo si se reviste de un lenguaje moral conveniente.
La pregunta no es solo qué puede pasar si Estados Unidos interviene en Venezuela u otro país latinoamericano. La pregunta de fondo es qué estamos dispuestos a tolerar como región, qué grado de subordinación aceptamos como normal y cuánto estamos dispuestos a sacrificar —cultural, política y materialmente— antes de reconocer que el costo lo pagan siempre los pueblos, nunca quienes toman las decisiones desde oficinas lejanas y balances corporativos. Ese es el verdadero campo de batalla.
