José Luis Camacho Acevedo.
Apenas ayer comenté en mis redes sociales, antes de conocer la solicitud de licencia como gobernador de Sinaloa de Rubén Rocha Moya, que la denuncia en su contra emitida por el gobierno de Estados Unidos, marcaba un punto de no retorno en la decisión de Donald Trump de hacer evidente que, en México, muchas partes de su territorio, estaba gobernado por el crimen organizado.
Y los hechos están indicando que, efectivamente, estamos apenas ante el principio de una acción largamente anunciada de Donald Trump contra los carteles del narcotráfico en nuestro país y los políticos que los protegen proporcionándoles a éstos unas ganancias económicas fuera de toda comprensión para un ciudadano común y corriente como lo es el redactor de las presentes notas.
Ya está decidido por el Congreso de Sinaloa que la gobernadora interina es Yeraldine Bonilla, quien sería después de 30 días sustituida por un mandatario interino.
El destino de Rocha Moya, del ahora ex alcalde de Culiacán, y el señalamiento de ser cómplices de organizaciones criminales de otros 7 colaboradores del defenestrado mandatario, ya es solamente un procedimiento que oscilará entre lo legal y lo político.
¿Qué viene después de la caída de un gobierno de Morena, que mañana celebrará su asamblea nacional en donde, seguramente, será entronizada Ariadna Montiel como nueva presidenta de ese partido político?
Porque la lectura política es que la presión del gobierno de Trump en contra de los llamados narco políticos mexicanos, es que el mensaje está dirigido a Morena como organización política y al ex presidente López Obrador, como actores de primer orden en lo que se refiere a vinculaciones con el crimen organizado.
Con ese mensaje el norteamericano previene a los pocos gobiernos que restan en América Latina de corte socialista, que Estados Unidos no volverá a tolerar que la droga siga envenenando a su juventud.
Esa es, sin duda, una narrativa retórica y acomodaticia del gobierno del vecino distante. Pero lo cierto es que en México se ha incubado la presencia de las ahora llamadas organizaciones terroristas de una manera harto preocupante.
La versión de que desde el 18 de abril existió una llamada de Marco Rubio a su homólogo mexicano, Roberto Velasco, advirtiendo que se presentaría la denuncia contra Rocha Moya y demás imputados de ser colaboradores con la organización que en su momento dirigió El Chapo Guzmán, se cumplió a cabalidad.
Velasco debió informar de la supuesta llamada de Rubio a su jefa, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde ese instante apresuró cambios en la dirigencia nacional de Morena.
Es una acción política, como bien lo dice el analista Armando Guzmán, llena de simbolismos.
Sinaloa como territorio sometido a la guerra entre facciones de una de las consideradas por EU como organización terrorista.
Rocha Moya que se ostenta como un político protegido por AMLO, al igual que Adán Augusto López.
Rocha Moya, Enrique Inzunza y el Chapo Guzmán son originarios del municipio de Badiraguato.
Denuncia que se lanza a unos días de que Morena decida quienes serán sus candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en juego en las intermedias del 2027 y que, por lo visto como en el caso de Sinaloa que ya proyectaba como virtual candidato a uno de los acusados por EU, Enrique Inzunza Cázarez, no tendrán el claro sello de ser del grupo duro de AMLO.
Todo lo anterior encubre la operación antiterrorista en México por parte del gobierno de Donald Trump.
Operación, repito junto a lo dicho por Armando Guzmán, está ya en un punto de no retorno.