La entrega a las autoridades estadounidenses de Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, señalado por presuntos vínculos con la facción criminal de "Los Chapitos", vuelve a colocar a Sinaloa en el centro de una discusión que trasciende el ámbito criminal y alcanza dimensiones políticas e internacionales.

La noticia se suma a los nombres de otros ex funcionarios sinaloenses que han sido relacionados con investigaciones o negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente puedan acreditarse, el caso abre interrogantes sobre el papel que juega el gobierno estadounidense en la definición de la agenda de seguridad y justicia en México.

Desde una perspectiva de la psicología criminológica crítica, el problema no se limita a identificar quién cometió un delito. También obliga a preguntarse quién tiene el poder de definir qué conductas serán perseguidas, qué actores serán investigados y en qué momento determinados expedientes se convierten en asuntos de interés internacional.

Históricamente, Estados Unidos ha justificado su intervención en América Latina bajo argumentos relacionados con la seguridad nacional, el combate al narcotráfico, la corrupción o la defensa de la democracia, sin embargo, estas acciones rara vez están desvinculadas de intereses políticos, económicos y estratégicos propios.

En este contexto resulta inevitable recordar episodios como el denominado "Hondurasgate", que reavivó el debate sobre el grado de influencia que actores externos pueden ejercer en los procesos políticos internos de los países latinoamericanos. Más allá de las distintas interpretaciones sobre aquel caso, la discusión de fondo sigue vigente: ¿hasta qué punto las agencias estadounidenses participan como actores de justicia y en qué momento comienzan a desempeñar un papel de influencia política regional?

La pregunta adquiere relevancia cuando investigaciones de alto impacto contra funcionarios mexicanos parecen avanzar con mayor fuerza en cortes estadounidenses que dentro de las propias instituciones nacionales. Esta situación genera una paradoja: mientras la intervención de Estados Unidos puede contribuir a revelar redes de corrupción o criminalidad que permanecían ocultas, también fortalece la percepción de que los procesos más sensibles de rendición de cuentas dependen cada vez más de decisiones tomadas fuera del territorio mexicano.

Desde la criminología crítica, este fenómeno puede interpretarse como una disputa por el control del discurso de la seguridad. Resulta preocupante que parece que no se trata únicamente de combatir organizaciones criminales, sino más bien de determinar quién posee la capacidad de construir la narrativa oficial sobre la corrupción, el narcotráfico y la legitimidad institucional.

La situación resulta especialmente delicada en un momento en que México se aproxima a nuevas disputas por espacios de poder. Las revelaciones judiciales, las investigaciones internacionales y las filtraciones mediáticas parecen estarse convirtiendo en factores con capacidad para modificar equilibrios políticos, afectar carreras públicas e influir en la percepción ciudadana.

Por ello, el caso de Marco Antonio Almanza no sólo plantea preguntas sobre la posible infiltración criminal en las instituciones de seguridad. También obliga a reflexionar sobre otro fenómeno igualmente relevante: la creciente capacidad de actores extranjeros para incidir, directa o indirectamente, en la vida política mexicana a través de investigaciones, procesos judiciales y mecanismos de cooperación internacional.

La cuestión de fondo no es si debe existir cooperación entre países para combatir el crimen organizado. El verdadero debate consiste en determinar dónde termina la colaboración judicial legítima y dónde comienza una influencia política capaz de redefinir, desde el exterior, las prioridades de justicia, seguridad y gobernabilidad de una nación soberana.