Hay comunicadores que polemizan. Otros que debaten. Y algunos que, columna tras columna, parecen optar por arrasar, sin importar a quién se lleven por delante. El problema no es la crítica —esa es necesaria— sino el método y el objetivo. Federico Arreola ha demostrado un extraño talento: en una sola columna puede enemistarse con algunos de los comunicadores más influyentes del país. No distingue entre hombres o mujeres, trayectorias o contextos. El ataque es generalizado, frontal y, muchas veces, innecesariamente personal. Cuando el ejercicio periodístico se convierte en una especie de masacre simbólica, donde no importa si hay daños colaterales —reputaciones, trayectorias, credibilidad del gremio— algo se rompe. No se discuten ideas: se dispara contra personas. No se debate: se descalifica. No se informa: se exhibe. Más delicado aún es cuando el periodista que reparte golpes aparece, al mismo tiempo, vinculado comercial o políticamente con ciertos intereses. La percepción pública —justa o injusta— es inevitable cuando se menciona su cercanía con empresas privadas o con figuras del poder político. No se trata de afirmar delitos ni de dictar sentencias, sino de señalar algo elemental: la credibilidad también se cuida evitando conflictos de interés visibles. El periodismo pierde autoridad moral cuando parece operar como comisión, como encargo o como ajuste de cuentas. Y la pierde todavía más cuando desde una tribuna se decide quién es periodista “legítimo” y quién no merece ni respeto ni defensa. La libertad de expresión no se protege a conveniencia. O se defiende para todos, incluso para quienes piensan distinto, o se convierte en una bandera vacía. Normalizar el linchamiento mediático —venga de donde venga— es abrir la puerta a que otros, con menos escrúpulos y más poder, hagan lo mismo. Porque hoy el blanco es un comunicador incómodo. Mañana puede ser cualquiera. Y cuando el periodismo adopta la lógica del daño colateral, deja de ser contrapeso y empieza a parecerse peligrosamente a aquello que dice combatir