La Divisa del Poder
Adrián Trejo
En el PAN quedó claro que hay niveles: mientras que la detención del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de beneficiarse del contrabando de combustibles, salieron gobernadores, ex gobernadores, diputados, senadores y hasta el ex presidente Vicente Fox, en el caso César Jáuregui, acusado de traición a la patria, solo se escucha el silencio.
Ayer circuló entre los panistas de nivel unas líneas de comunicación que deberán declarar como mantra, cuando se les pregunte sobre la detención del ex fiscal y ex secretario general de gobierno de Chihuahua.
Decir que se debe haber un juicio justo de paso cuestionar por qué no se ha actuado de la misma manera en contra de Rubén Rocha Moya y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Esta última, puesta en evidencia en varias grabaciones en las que ofrecer información a agentes estadounidenses a cambio de un acuerdo de cooperación que le beneficie en el caso de una investigación de la administración de EU en su contra.
Ayer no hubo declaraciones de diputados o senadores, con excepción de Marko Cortés, quien cantifleó en su respuestas pero terminó por avalar la decisión de la gobernadora María Eugenia Campos de ordenar la detención de su ex colaborador por delitos del fuero común, que sirvió, horas después, para que fuera detenido por agentes federales acusado de traición a la patria.
“Ve en la gobernadora un ejemplo correcto’’, dijo el legislador blanquiazul, ya que, agregó, no dejó de aplicar la justicia en el caso del funcionario “cosa que no ha hecho la Federación’’.
Algo no estamos viendo más allá de lo público y lo publicado.
No es común que los panistas no hayan defendido, como si lo hicieron en abril, la presunta inocencia no solo de Campos sino de Jáuregui, que pasó de héroe destructor del laboratorio del narco a villano traicionero.
Si bien la líneas de comunicación para “orientar las respuestas’’ de los dirigentes del blanquiazul no defienden al ahora detenido, tampoco sugieren una defensa a ultranza de la gobernadora.
Lo que más extraña, es que nada ha dicho el propio Jorge Romero, líder nacional del partido, sobre este caso.
Quién sabe si Romero trae pleito con la gobernadora pues incluso el destape de su candidato a la gubernatura, Marco Bonilla, no lo hizo él sino su segundo de a bordo, Santiago Taboada.
¿Qué pasó en Chihuahua que a los panistas, literalmente, se les borró la sonrisa?
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El tema de las desapariciones en México volvió a generar roces entre el gobierno de nuestro país y el Comité Contra la Desaparición Forzada, organismo auxiliar de la ONU, que encabeza el ecuatoriano Juan Pablo Albán.
Dicho Comité se reunió con la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, para entregar su informe sobre la desaparición forzada en México y para justificar su petición para que sea la propia Asamblea General la que emita las recomendaciones respectivas.
En su posicionamiento, Albán reconoció que sí ha habido avances en la estrategia de localización de personas desaparecidas, 16,0000 en el último año de un total de 130,000 no localizadas según el censo oficial.
Sin embargo, aseguró que luego de examinar las información entregada por el gobierno mexicano, los familiares de las víctimas y organizaciones civiles, más los antecedentes reunidos desde el 2012 a la fecha, “existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica” en nuestro país.
La afirmación anterior y el llamado urgente para que la Asamblea General de la ONU tomara cartas en el asunto “no constituye una responsabilidad internacional del Estado mexicano’’, precisó Albán.
Tanto la representación de México ante la ONU y la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, rechazaron el informe del Comité y ofrecieron datos, cifras, sobre la atención que el gobierno mexicano dedica a este problema.
Como sea, otra vez México llega a la ONU pero no por buenas razones.
Nos vamos a poner de moda…otra vez.
