El límite entre México y Estados Unidos se ha vuelto también una frontera financiera para la migración. Transitar de Centroamérica al país puede alcanzar un costo “tan bajo” como 100 dólares por persona, pero cruzar su borde norte dispara ese monto a un rango de entre 2 mil a 10 mil dólares, según el punto de origen del migrante, exhibe el Banco Mundial (BM).
Esto representa una proporción de hasta 100 veces entre un cruce y otro.
De acuerdo con un informe del organismo, el corredor de América Central a México puede considerarse entre los más económicos a nivel mundial; sobre todo si se compara con los 4 mil dólares que en promedio cuesta moverse de Pakistán a Arabia Saudita. Otra historia es cruzar a Estados Unidos, debido a las cuotas que piden los contrabandistas.
El BM y otras organizaciones internacionales llevan tiempo reportando el encarecimiento de migrar a Estados Unidos desde México, debido a las restricciones impuestas primero por el gobierno de Donald Trump, que luego fueron reforzadas con el inicio de la pandemia (cutt.ly/U5Tr3n8) y (cutt.ly/55Tymp3).
Las cifras reportadas por el organismo exhiben que, actualmente, la brecha entre quedarse en México y continuar hacia Estados Unidos es de hasta 9 mil 900 por ciento.
En un nuevo informe, el Banco Mundial destaca que México es parte de un grupo de cinco países de ingresos bajos y medios que han aceptado la “externalización” de la política migratoria de sus vecinos y otras economías avanzadas, con lo que se comprometen a hacer las funciones de control fronterizo y procesamiento de asilo para población que no busca quedarse en ellos.
Estos acuerdos para la externalización del control fronterizo se han dado entre Australia, Papua Nueva Guinea y Nauru, la Unión Europea y Turquía, Reino Unido y Ruanda, Estados Unidos y México, e Italia con Libia, consigna el organismo.
“Tales arreglos han sido controvertidos. En ausencia de garantías suficientes, su puesta en práctica puede contravenir las obligaciones legales de los países relacionadas con el debido proceso y la no sanción de los solicitantes de asilo (non-refoulement) y los derechos humanos”, destaca el BM.
