Por Arnoldo Cuéllar - Poplab
1.- PAN: todos contra AlejandraSi hay una estrategia de la cúpula panista en Guanajuato para contener el riesgo creado por la defección de Alejandra Gutiérrez Campos, el diseño parece torpe y descuidado. Si no la hay y todo obedece a conductas reactivas sin coordinación, estamos más bien ante la verdadera causa de la crisis.
En menos de una semana se dieron a conocer tres líneas de ataque contra la alcaldesa de León: el Congreso ordenó auditorías integrales desde 2022 y una específica al Zoológico de León, impulsadas por panistas y aliados; por otra parte, el coordinador de los diputados federales, Miguel Salim, lanzó un duro ataque contra el patronato de la Feria de León por presuntas irregularidades en los ingresos por visitantes; en las mismas fechas, el síndico del ayuntamiento, Román Cifuentes, dio a conocer la presentación de una querella penal en la Fiscalía Anticorrupción del Estado en contra de Allan León, exfuncionario de la administración.
La decisión parece ser la de “ir con todo” contra la infiel que se atrevió a dejar las filas del partido. No se aprecia una intención de investigar corrupción y sancionarla, algo que debería ser una práctica habitual y cotidiana y para lo cual existen pesadas estructuras en el Poder Ejecutivo y el Legislativo destinadas a esta función, de las que, por cierto, rara vez hay noticias.
Hasta hoy, los posibles desvíos financieros de la administración leonesa, señalados en investigaciones periodísticas, ascienden a poco menos de 20 millones de pesos. Es una cantidad respetable y debe ser investigada, como cualquier duda en el ejercicio del recurso público. Sin embargo, resulta evidente que no se quiere aplicar el mismo rigor a los 4 mil 400 millones de pesos (220 veces el presunto daño de León) de las contrataciones de Diego Sinhue con la empresa Seguritech.
Tan solo los 120 millones de pesos aplicados en obras apresuradas, para remodelar el poblado de La Venta en Dolores Hidalgo, para favorecer por encima de la normatividad a otra empresa ligada a Seguritech, representan seis veces lo que se investigará en León.
Ya no se diga los 600 millones de pesos que se malgastaron en semáforos en alrededor de 20 municipios de Guanajuato, en una compra a la empresa Semex, orquestada a fines del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, sin estudios técnicos y ordenada como una imposición a los alcaldes.
Parece que hay demasiadas cosas por investigar en Guanajuato. Ahí está también el cuestionado otorgamiento de una concesión carretera que privatiza un bien del Estado que produce ingresos de 250 millones de pesos anuales, realizada el último día de la pasada administración estatal.
La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la Secretaría de la Honestidad, el Sistema Estatal Anticorrupción o la Fiscalía especializada en esa área deberían estar muy ocupadas revisando el sexenio de saqueo en que se convirtió la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, probablemente el más corrupto de la historia de Guanajuato, y eso sabiendo que hay nutrida competencia.
Sin embargo, lo que deciden los diputados de Guanajuato es lanzar toda la caballería contra una alcaldesa cuyo mayor pecado no es la corrupción, pues incluso existiendo, palidece frente a lo que pasó en el estado, sino la disidencia política.
No habría objeciones a que los líderes de los poderes de Guanajuato iniciaran una cruzada contra la deshonestidad en los cargos públicos. Si recibieran solicitudes de los ciudadanos, la cola estaría muy larga. Pero hacerlo solamente como una vendetta desnaturaliza ambas cosas: la fiscalización y el debate político.
Por ejemplo, ¿dónde quedan los 184 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Económico de Sinhue le entregó a la Concamin de Ismael Plascencia para que el dirigente contratara a sus empresas y las de sus allegados para la realización de servicios insuficientemente comprobados?
El otro problema que enfrenta el gobierno estatal y el sistema panista que encabeza la mandataria Libia Dennise García es el de los tiempos. Por más que se apresuren, los procesos de auditoría se incrustarán de lleno con la temporada electoral, que se presenta más complicada que nunca para Acción Nacional por la creciente competencia externa y por los conflictos internos.
Pero, además, han decidido escalar el conflicto al minimizar el involucramiento de la dirigencia de Movimiento Ciudadano, lo que situará la polémica en el escenario nacional.
Es por eso que subsiste la pregunta acerca de la existencia de una estrategia, de su conducción o de si sencillamente se trata de una visceralidad reactiva que quiere castigar la insolencia de una rebeldía.
2.- Embotellamiento de precandidatos en León
La situación política que vive el municipio de León, luego de los acontecimientos del pasado mes de abril, cuando la alcaldesa en funciones decide hacer oficial su separación del PAN y su acercamiento con el partido Movimiento Ciudadano, también está provocando una sobrecarga de tensiones en el partido hegemónico.
A los 5 diputados locales y los 4 federales con derecho a reelegirse, se suman las pretensiones de los ediles que están en la primera fila de la lucha política contra la alcaldesa disidente: Román Cifuentes, Hildeberto Moreno o Ramón Hernández, quienes hasta hace poco no aparecían con posibilidades, ahora creen estar haciendo los méritos suficientes para ser premiados.
Hay un grupo de empresarios que quieren ser tomados en cuenta, encabezados por el expresidente del Patronato de la Feria, David Novoa, actualmente suplente de Miguel Márquez en el Senado de la República.
Las negociaciones derivadas de la selección del candidato a alcalde presionarán la lista. Es el caso de la regidora Valeria Aurelio, vinculada familiarmente con Luis Ernesto Ayala.
Jorge Espadas o Alan Márquez, de no ser elegidos, tendrán nombres para proponer en las listas de aspirantes. Los sobrevivientes del viejo sótano yunquista del panismo también tendrán que ser compensados, sobre todo ante los avances legislativos en materia de derechos de las minorías, que les ofenden profundamente.
Y en medio de todo esto se encuentra lo que debería ser el principal plan del gobierno que encabeza Libia Dennise García: generar una bancada robusta y leal que relance la administración y le permita un tránsito tranquilo a la titular del Ejecutivo en su tramo final.
¿Será posible realizar una adecuada combinación con todos estos ingredientes, sin dejar heridos en el camino?
Pronto se verá, pero la tarea parece rebasar con amplitud a la actual dirigencia del partido, montada en la misma moda de hacer más política en redes que a ras de tierra, lo que ha lastrado muchos de los proyectos de un nuevo comienzo… que ya suena un poco viejo.
3.- Adicciones, problema sin atención
No se puede objetar que los homicidios dolosos en Guanajuato han disminuido de manera sensible en el último año. Que algo de lo mucho que ha cambiado desde el inicio de los gobiernos de Libia García y de Claudia Sheinbaum está funcionando.
Los porcentajes varían con los diversos parámetros comparativos, si se hacen entre los mismos meses de años distintos, si se comparan trimestres o ciclos completos, pero todos coinciden en algo: la pérdida de vidas por violencia es sensiblemente menor que la sufrida en el sexenio de Diego Sinhue, el más terrible de la historia de Guanajuato.
Sin embargo, la percepción de inseguridad no varía. En el mapa del país, con todo y la reducción, Guanajuato es el estado que encabeza la lista de entidades con más homicidios dolosos.
Seguimos teniendo ciudades donde la gente se siente menos tranquila y más amenazada, sobre todo Irapuato, que se destaca a nivel nacional.
Las colectivas de búsqueda siguen encontrando fosas y las personas siguen desapareciendo.
Pero, sobre todo y por encima de todas las cosas, el consumo de sustancias ilegales está en auge y lo detectan diversos indicadores. Ahí se encuentra la raíz de una parte importante de la violencia que nos azota. La década pasada fue el robo de combustible y su comercio ilegal; hoy es el tráfico y consumo de metanfetaminas.
Lo dicen estudios del Centro de Integración Juvenil, que sitúan la edad de inicio en el uso de drogas entre los 14 y los 16 años. Lo dice la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública 2024, que sitúa a Guanajuato en el primer lugar de carpetas de investigación abiertas por narcomenudeo desde el año de 2020, habiendo pasado de 3 mil carpetas a 20 mil anuales en un lapso de 5 años. Estudios del ámbito laboral también refieren las afectaciones entre los trabajadores.
Frente a eso, la única política oficial fue el rimbombante y fallido programa Planet Youth, importado de Islandia en una gigantesca tomadura de pelo (por cierto, no investigada por ninguna auditoría especial), que gastó casi 300 millones de pesos para no entregar ningún resultado.
No habrá un avance sustancial en la recuperación de la paz en Guanajuato si no se va al fondo de los fenómenos que nos han llevado al lugar donde estamos en materia de delitos, inseguridad y violencia.
Urge una política pública para prevenir y atender el consumo de sustancias que vaya más allá de los eventos de lucimiento, la contratación de influencers y la simulación política. Esa sí sería una decisión para la gente.
