El 31 de agosto de 2026, James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, anunció formalmente una investigación sobre actuaciones de la DEA relacionadas con cargamentos de fentanilo que los agentes conocían y vigilaban, pero que en determinados casos no decomisaron inmediatamente. Comer solicitó documentos y comunicaciones al fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche.
El origen de la polémica es una investigación de Associated Press, basada en documentos gubernamentales y entrevistas con tres agentes actuales o antiguos de la DEA.
Según esa investigación, entre 2023 y 2025, agentes en Nuevo México conocieron y vigilaron distintos cargamentos de pastillas con fentanilo pero no siempre los interceptaron, mientras intentaban construir casos de mayor alcance contra organizaciones de narcotráfico.
Uno de los casos señalados ocurrió en Albuquerque en junio de 2023, cuando investigadores siguieron una operación que involucraba aproximadamente 74 mil pastillas sin intervenir de inmediato.
Las denuncias son todavía más graves. El agente David Howell aseguró que en otra investigación se habría permitido continuar la circulación de al menos 1.8 millones de pastillas de fentanilo. Estas cifras forman parte de las acusaciones que ahora deberán ser verificadas oficialmente.
El objetivo de estas operaciones habría sido permitir que los investigadores siguieran la cadena de distribución hasta alcanzar niveles superiores de las organizaciones criminales.
La práctica ha sido comparada con otras estrategias conocidas como “gun walking” o “drug walking”, en las que las autoridades permiten temporalmente que mercancías ilegales continúen circulando para seguir la pista de redes criminales más amplias.
La polémica ya había provocado otras investigaciones antes de la intervención del Congreso. El 17 de agosto de 2026, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia anunció una revisión a escala nacional sobre los procedimientos utilizados por la DEA y otras agencias para determinar cuándo intervenir y decomisar cargamentos de fentanilo y cuándo permitir que una operación continúe con fines investigativos.
Además, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, inició su propia investigación y el 27 de agosto demandó al Departamento de Justicia para obtener documentos relacionados con estas operaciones.
El Congreso busca ahora determinar quién autorizó estas acciones, cuántos cargamentos fueron dejados circular, qué ocurrió con las drogas y si la DEA violó sus propios protocolos.
Hasta el momento, no se ha demostrado que las pastillas vigiladas por la DEA hayan provocado directamente muertes por sobredosis ni que funcionarios de la agencia hayan cometido delitos.
Las investigaciones deberán establecer si se trató de una estrategia legítima para desmantelar redes criminales o si las autoridades pusieron en riesgo a la población al permitir que enormes cantidades de fentanilo siguieran circulando.
