Cuando el gobierno administra el caos, pero no comunica soluciones
Son las diez de la mañana en el Paseo de la Reforma y don Fernando vuelve azotar el volante con desesperación, sabe que tendrá un nuevo retardo. A tres cuadras, el eco de un megáfono anuncia que la jornada laboral terminó antes de empezar. Sobre Reforma e Insurgente, cientos de automovilistas apagan el motor y se resignan a convertir el asfalto en un estacionamiento al aire libre.
Esta escena ya no es una anomalía. Es parte del paisaje cotidiano de la capital y de muchas zonas del área conurbada de la CDMX y del Edomex. No existe avenida que no tenga estás afectaciones.
Durante los primeros días de noviembre de 2026, la Ciudad de México y su zona conurbada han registrado entre ocho y catorce movilizaciones diarias. Las cifras muestran una ciudad donde las marchas, concentraciones y bloqueos dejaron de ser acontecimientos excepcionales para convertirse en una constante que altera la vida económica, laboral y social de millones de personas.
Al cierre de octubre, 2026 ya superaba las 3,000 movilizaciones, un incremento de 18.7% respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con las cifras citadas en los reportes de diversos medios de comunicación sobre el tema.
No hablamos únicamente de grandes manifestaciones. Se trata de un goteo permanente de protestas, concentraciones y cierres viales que obliga a ciudadanos, comerciantes y trabajadores a reorganizar diariamente sus actividades.
El problema es evidente: una ciudad no puede funcionar permanentemente bajo la amenaza de quedar paralizada, pero tampoco puede ser indiferente a madres buscadoras, trabajadores agraviados, estudiantes sin lo necesario, etc.
Aquí chocan dos derechos fundamentales que el Estado tiene la obligación de proteger. Por un lado, la libertad de expresión y el derecho de manifestación, reconocidos constitucionalmente. Por el otro, el libre tránsito, el trabajo y las actividades económicas de quienes no participan en las protestas. Evidentemente la autoridad falla en privilegiar solo uno de ellos.
No se trata de enfrentar a manifestantes contra ciudadanos. Tampoco de convertir la protesta social en un problema de orden público que deba resolverse mediante la fuerza sino de exigir que las autoridades tengan capacidad para garantizar derechos, prevenir conflictos y construir soluciones para todos.
El problema gubernamental empieza cuando evidentemente privilegia la manifestación que el libre paso, cuando la decisión es limitarse a administrar el caos.
La respuesta institucional suele seguir un guion conocido: respeto irrestricto a la libre manifestación, llamados a evitar afectaciones y publicación de agendas de movilizaciones con recomendaciones de rutas alternas. Es decir, un intento de comunicación gubernamental insuficiente.
Informar que una avenida está cerrada no resuelve el conflicto que provocó el cierre. Publicar una ruta alterna no devuelve las horas perdidas a un trabajador ni recupera las ventas de un comerciante que tuvo que cerrar su negocio.
Detrás de cada cierre hay trabajadores que llegan tarde, pacientes que no alcanzan una consulta, estudiantes que pierden clases, empresas que incumplen entregas y comerciantes que ven desaparecer sus ingresos.
Una administración pública eficaz no se mide únicamente por su capacidad para reaccionar cuando una avenida está bloqueada sino por su habilidad para detectar inconformidades, establecer canales de negociación, atender demandas y evitar que los problemas escalen hasta convertirse en crisis de movilidad y gobernabilidad.
La comunicación de gobierno exigen hoy mucho más que informar qué calles están cerradas.
Este es uno de los errores más frecuentes de la administración pública: confundir comunicación gubernamental con difusión de información operativa.
Publicar mapas, horarios de marchas, cierres viales y rutas alternas es útil, pero no constituye una estrategia de comunicación de gobierno.
La ciudadanía necesita saber qué está pasando, pero también qué hace la autoridad para evitar que las demandas de terceros lleguen a afectar su ritmo de vida.
Cuando una movilización se prolonga durante horas o días, el gobierno debe explicar cuáles son las demandas, qué dependencia tiene la responsabilidad de atenderlas, qué avances existen en las negociaciones y cuáles son los compromisos asumidos.
La comunicación debe pasar de los avisos de contingencia a la rendición de cuentas. Hay una diferencia sustancial entre comunicar que una avenida permanecerá cerrada y explicar por qué se llegó a esa situación, qué hizo la autoridad para evitarla y qué acciones está emprendiendo para resolverla. Lo primero informa sobre el problema, lo segundo demuestra la capacidad de gobierno.
Las autoridades necesitan una estrategia de comunicación preventiva. No esperar a que los manifestantes ocupen una avenida para comenzar a explicar lo que sucede. Deben anticipar escenarios, identificar conflictos recurrentes, mantener interlocución con los sectores inconformes y establecer mecanismos de información antes, durante y después de cada movilización. En una ciudad donde las protestas son recurrentes, la comunicación no puede improvisarse cada mañana.
La ciudadanía no necesita un gobierno que se convierta en narrador de sus propias contingencias. Necesita uno que demuestre que tiene capacidad para resolverlas.
La comunicación también es gobernar.
Una administración puede tener buenas intenciones, desplegar funcionarios a dialogar, publicar comunicados y mantener abiertas las mesas de negociación, pero si no consigue explicar qué está haciendo, qué resultados obtiene y cuáles son sus límites, deja un vacío que termina ocupando la incertidumbre, la desinformación y el desgaste político.
La comunicación gubernamental no sustituye la solución de los problemas, pero sí permite demostrar que existe una autoridad que escucha, actúa, negocia y responde. Cada conflicto que se prolonga sin una explicación convincente representa una oportunidad perdida para construir confianza pública.
La Ciudad de México y el Estado de México necesitan más capacidad institucional para procesar las demandas sociales sin que la paralización de la ciudad se convierta en el mecanismo habitual para conseguir una respuesta.
Cuando la única manera de ser escuchado es bloquear una avenida, el problema ya no está solamente en quienes toman la calle. También está en las instituciones que no lograron escuchar antes.
Gobernar no es publicar las rutas alternas de una ciudad paralizada. Gobernar es evitar que la parálisis se convierta en la respuesta habitual a los problemas de la sociedad.
Mientras todo este dilema de aplicación de derechos, estrategias de comunicación, responsabilidad de las autoridades, pérdidas económicas, Don Fernando no llegó a tiempo a su oficina, es más mi cerca estuvo de llegar al reloj checador, al igual que el paciente que no acudió a su cita cita de especialidad en el Hospital público, la cual, tardó meses por conseguirla. ¿Cómo le explicamos a ellos, que esta ciudad es y será así, una ciudad de marchas y bloqueos.
