Morena ha construido gran parte de su narrativa política sobre una palabra que repite como mantra: austeridad. Austeridad republicana, dicen. Austeridad como principio moral, como sello distintivo frente a los excesos del pasado. Sin embargo, cuando el discurso se contrasta con los hechos, el concepto empieza a maquillarse… literalmente.

La reciente revelación de que en el Senado no solo existía un salón de belleza, sino que además se destinaron más de 200 mil pesos del erario a maquillaje y artículos para el cabello, expone una contradicción difícil de disimular, incluso con la mejor base profesional.

El problema no es estético, es político.

Gobernar no requiere peinados de ocasión ni retoques financiados con recursos públicos. El ejercicio del poder se hace con ideas, con decisiones, con responsabilidad. Se gobierna con la cabeza, no con la belleza. Y pretender justificar este gasto bajo el argumento de la misoginia no solo es forzado, sino francamente banal.

Porque no, cuestionar un salón de belleza en el Senado no es un ataque a las mujeres. Es una pregunta legítima sobre prioridades. Equiparar la crítica al uso del dinero público con un agravio de género es una salida fácil que evade el fondo del asunto: ¿por qué, en un país con carencias profundas, el Legislativo considera necesario destinar recursos a rubores, polvos y planchas profesionales?

La defensa basada en que “los hombres también usan servicios” o que “hay boleros para zapatos” no resiste un análisis serio. La comparación es débil y revela algo más preocupante: la incapacidad de sostener el gasto desde la lógica de la función pública. La representación política no exige producción televisiva ni imagen escénica; exige trabajo legislativo.

La austeridad no puede ser selectiva. No puede invocarse para recortar programas, eliminar apoyos o pedirle sacrificios a la ciudadanía, mientras dentro de los recintos del poder se normalizan gastos que no son esenciales. Cuando eso ocurre, la austeridad deja de ser principio y se convierte en retórica conveniente.

Más grave aún es intentar convertir el cuestionamiento en una batalla simbólica que distrae del debate real. No se trata de si una legisladora puede o no arreglarse; se trata de quién paga la cuenta. Y cuando la paga el contribuyente, la exigencia de rendición de cuentas no solo es válida, es obligatoria.

Morena prometió un cambio en las formas. Prometió acabar con los privilegios. Hoy, el espejo devuelve una imagen incómoda: la del poder justificando lo injustificable, envuelto en un discurso que confunde crítica con ataque.

La austeridad no se declama, se ejerce.

Y definitivamente, no se aplica con brocha y spray.