José Luis Camacho Acevedo

Cuando Alfredo Castillo, ex procurador en el Estado de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue designado comisionado para pacificar Michoacán, recibía yo información de la conducta prepotente y corrupta que caracterizaba el desempeño de ese protegido del Grupo Atlacomulco.

Tenía secuestrada la tesorería del estado, vivía como rey en el más lujoso fraccionamiento de Morelia, mantenía un séquito de cerca de 50 elementos.

Castillo se convirtió en intocable en el gobierno de Peña Nieto por la participación misteriosa que tuvo en el sonado caso de la “Niña Paulette”.

En su momento se escribió en Milenio:

Lisette Farah, Mauricio Gebara, Alberto Bazbaz, Alfredo Castillo y Amanda de la Rosa son algunos de los protagonistas en la historia del caso Paulette, en el que una niña de cuatro años fue encontrada muerta en los pies de su cama tras desaparecer una semana, en un fraccionamiento de Huixquilucan, Estado de México.

Protegido desde las más altas esferas gubernamentales, Castillo ejerció un papel de “comisionado” en Michoacán que dio pauta para el crecimiento del crimen organizado en esa entidad.

Se dijo de Castillo lo siguiente en el semanario Zeta:

“En un año, Alfredo Castillo, el Comisionado Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, acabó con la clase política y los ciudadanos organizados en autodefensas en Michoacán.

Bueno salió Castillo para enfrentar a quienes a la vista de todos se unieron para defenderse del crimen organizado, primero de La Familia, luego de Los Caballeros Templarios y hasta de Guerreros Unidos, luego que su gobierno federal los había dejado vulnerados ante los delincuentes, y una parte importante de las autoridades locales estaban coludidas con las agrupaciones mafiosas.

Castillo no ha salido bueno para poner un alto y enfrentarse a quien fue el origen y el detonador no solo de la organización de las autodefensas, sino de la corrupción institucional: Servando Gómez La Tuta.”

En Michoacán, después del proditorio crimen perpetrado en contra del líder del sombrero, Carlos Manzo, parece que el escenario es un remake de Volver al Futuro.

¿Quién le da garantías a Omar García Harfuch ante un escuadrón que, ya capturado el joven sicario Víctor Manuel Ubaldo Vidales, lo liquidaron de un certero disparo?

Cuando a Lee Harvey Oswald, asesino de John F. Kennedy, fue tiroteado por Jack Ruby en los sótanos de la comisaría de Dallas, durante su traslado, se inició el camino del silencio con respecto a los autores intelectuales del magnicidio.

Ruby murió en enero de 1967 en el Memorial Hospital Parkland sin que nunca confesará los móviles de su crimen, aduciendo los doctores que además del pulmón agravado, tenía una seria deficiencia mental.

El caso Colosio Murrieta sufrió una especie de “kennedyzación”.

Y ahora el caso del crimen de Víctor Ubaldo Vidales parece ir por el mismo camino.

Hay dos culpables morales: Alfredo Ramírez Bedolla y su fiscal Carlos Torres Piña.

Por allí deben empezar los que se encarguen de aclarar el crimen mencionado para que no se convierta en otra “kennedyzación”.

Por esos misterios en los casos de los crímenes políticos de México, en Estados Unidos han vuelto a prenderse las alarmas en lo que se refiere al combate al crimen organizado.