De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el combustible cruzaba desde Texas por ferrocarril —con embarques que salían de la refinería filial de Pemex en Deer Park— y entraba declarado a la baja.

Cada carrotanque reportaba alrededor de diez mil litros ante la aduana cuando en realidad transportaba más de cien mil. Multiplíquese por al menos 163 vehículos y se visualiza un daño al fisco que la propia autoridad calcula en más de cuatro mil millones de pesos en apenas seis meses, declarando cerca del 10% del volumen real.

La consignataria de esa importación fue Ingemar —una de las once empresas que, según la FGR, integraban la red, y de la que Ernesto Ruffo Appel era socio fundador; hoy está recluido en el Altiplano—.

El combustible libraba la aduana con la complicidad de un despacho, Servicios Aduanales JR, cuyo titular ya está preso; después Crismon Hidrocarburos y Derivados lo dispersaba hacia gasolineras y montaba la triangulación fiscal —facturas que amparaban operaciones que nunca ocurrieron, el esquema que el SAT cataloga como EFOS— para darle apariencia de licitud. Súmese la alteración de controles volumétricos y sociedades que operaban sin permisos vigentes de la Comisión Nacional de Energía.