De los 21 sindicatos que hay en la Ciudad de México, 16 están reprobados en transparencia. 

Al ser organismos que, además de las cuotas de sus afiliados, también reciben recursos públicos, son sujetos obligados a rendir cuentas del uso que le dan. Sin embargo, en muchos casos, ni siquiera es posible conocer quién es su líder. 

Ocultan prácticamente toda la información que la ley de transparencia les obliga a difundir, incluso datos básicos, como el domicilio de su sede, el directorio de su comité ejecutivo o el padrón de agremiados. 

Y si ni siquiera dan a conocer a su cuerpo directivo, mucho menos transparentan la lista de recursos públicos que reciben de las instituciones públicas en las que trabajan sus afiliados y los contratos y convenios que firman con ellas. 

Son sindicatos que agrupan a empleados de instituciones como el Congreso capitalino, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Metro, el Tribunal Superior de Justicia e incluso la Auditoría Superior de la capital. 

Por su reiterado desacato a la ley, son el sector con la peor calificación, incluso por debajo de los partidos políticos, según las evaluaciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCdMx). 

Los 16 sindicatos reprobados tienen una puntuación por debajo del 60 por ciento en dichas evaluaciones. Incluso hay tres sindicatos que tienen cero por ciento de calificación y uno que no alcanza ni el uno por ciento.

Lo peor es que muchos de ellos ni siquiera atienden las observaciones que la autoridad, el InfoCdMx, les ha hecho para cumplir con la ley. Para el comisionado presidente de este instituto, Julio César Bonilla, los sindicatos se han quedado anclados en las viejas prácticas del pasado.