Años de acumulación de deuda, devastadores huracanes, conmoción política y una larga pandemia son algunos de los retos que ha enfrentado Puerto Rico mientras buscaba la aprobación de la Justicia estadounidense para reestructurar su deuda.

La decisión de la juez federal Laura Taylor Swain de dar luz verde al plan de la isla para salir de la bancarrota, pone fin a un litigio de casi cinco años y facilitará su regreso a los mercados de capital.

Puerto Rico acumuló niveles insostenibles de deuda en los años previos a 2017, cuando se declaró en quiebra y emprendió el proceso para reestructurar su multimillonaria deuda de más de US$70.000 millones.

En ese entonces, la isla estaba sumida en una grave crisis económica. Tenía una tasa de pobreza del 45%, un desempleo del 12% -que doblaba la media de Estados Unidos-, y su población emigraba de forma masiva.

El llamado Plan de Ajuste de la deuda aprobado este martes, propuesto por una junta de supervisión financiera designada por el gobierno federal, incorpora acuerdos entre una serie de acreedores, reduciendo US$33.000 millones en deuda de bonos a US$ 7.000 millones. Los pagos anuales de la deuda quedarían reducidos en un 80%.