La historia reciente del Poder Judicial del Estado de México ha comenzado a escribirse con tinta ciudadana. Por primera vez, las y los magistrados que encabezarán su presidencia fueron elegidos por voto popular. Un ejercicio inédito, valiente y profundamente democrático. Pero como todo proceso pionero, no está exento de vacíos normativos que hoy nos interpelan como sociedad.
La presidencia del Tribunal ya tiene rostro para sus tres primeros periodos: Héctor Macedo (2025-2027), Erika Castillo (2027-2029) y Lupercio Camacho (2029-2031). El cuarto periodo, sin embargo, fue declarado vacante por el IEEM. El motivo: ninguna de las otras mujeres participantes —ni Martha Dávila ni Juana Flores— logró acceder a su magistratura por vía del voto, como lo exige la legislación vigente. La intención de la norma era clara: garantizar la alternancia y paridad de género en la Presidencia del PJEdomex.
Pero ¿qué hacemos cuando la intención se topa con una realidad jurídica compleja?
En los próximos días podrían llegar impugnaciones. Algunas buscarán reinterpretar el requisito constitucional. Otras, quizás, proponer convocatorias específicas para el futuro. Todo esto será sano y necesario para afinar el modelo. Pero hay una ruta que, sin forzar la ley, sin transgredir el mandato ciudadano y sin alterar la voluntad popular, podría encarnar de manera más legítima el principio de igualdad sustantiva: permitir que quien ya ha sido electa y cumple con todos los requisitos, continúe.
Erika Castillo fue la única mujer en toda la contienda que no solo obtuvo el respaldo ciudadano para su presidencia, sino que también fue electa como magistrada por voto directo. Con más de 28 años de experiencia judicial, y habiendo roto techos de cristal en cada escalón, ella representa no solo una victoria individual sino un triunfo colectivo del movimiento por la paridad judicial.
Además, abrir una nueva convocatoria en 2027 exclusivamente para ese cuarto periodo presidencial significaría no solo reabrir un proceso electoral en solitario —con todas las implicaciones técnicas, jurídicas y operativas que ello conlleva—, sino también destinar recursos públicos a una elección innecesaria. ¿Tiene sentido cargar ese costo al pueblo cuando ya existe una opción legítima, legal y democrática que garantiza continuidad, paridad y representatividad?
¿No sería, acaso, el camino más justo y armónico con el espíritu de esta reforma que la única mujer que cumplió con el requisito de ganar su magistratura y obtener votos suficientes para ser Presidenta, asumiera no solo el segundo, sino también el cuarto periodo presidencial? La paridad no se logra por cuotas sino por méritos. Y cuando la meritocracia y el mandato ciudadano coinciden, desoír esa coincidencia sería una injusticia.
En tiempos de transformación institucional, a veces la solución no está en redactar nuevas reglas, sino en interpretar con valor las que ya existen. El futuro del Poder Judicial podría encontrar estabilidad, paridad y legitimidad si se atreve a seguir el cauce más lógico: el que dicta la voluntad del pueblo y el sentido común jurídico.
