Adelantar la revocación de mandato –con la posibilidad de que la mandataria pueda promover el voto a su favor– y mantener la elección judicial en 2027, propone el ‘Plan B’ de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum envió ayer a la Cámara alta.

En la conferencia matutina de ayer se presentó la iniciativa, la cual plantea reducir el gasto de manera progresiva en el Senado hasta llegar a un 15 por ciento y establecer topes a las remuneraciones de consejeros, magistrados y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), organismos públicos locales electorales y tribunales electorales locales.

El proyecto –que prevé reformas tanto a la Constitución como a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos– obliga a los dirigentes de los partidos a transparentar sus remuneraciones y ponerles un tope de mil 500 Unidad de Medida y Actualización (175 mil 965 pesos) para que no ganen más que la titular del Ejecutivo.

“Como presidenta voy a seguir insistiendo que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos, y en el tema de los plurinominales”, dijo.

En la iniciativa se dejó fuera el planteamiento de someter temas electorales en consultas populares.

El jueves pasado, la mandataria había planteado la necesidad de realizar una consulta popular para preguntar a los ciudadanos si están a favor de los montos económicos que reciben los partidos políticos, lo cual ahora prohíbe la ley.

El proyecto también refiere que se inicien los cómputos al concluir la jornada de elecciones federales y locales con la llegada del primer paquete; establecer convenios con autoridades en materia de fiscalización y usar tecnologías para ello.

Además, se obliga a los partidos a reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante sistema bancarizado y prohíbe recursos ilícitos, de origen no comprobable o del extranjero y aportaciones en efectivo.