Carlos Ramírez
Bajo el criterio
de que la seguridad es un asunto federal, el Instituto Nacional Electoral sigue
deslindándose del clima de violencia en el área que le corresponde:
agresiones y asesinatos de candidatos y lucha delictiva entre algunos
aspirantes.
La crisis de seguridad en Valle de Bravo ejemplifica
la crisis: un grupo criminal secuestró a una candidata opositora para exigirle
el retiro de la competencia, a fin de beneficiar a la candidata oficial. El
asunto estalló en medios. Y el INE ha guardado sospechoso silencio. Ahí,
en Valle de Bravo, se necesita una decisión radical: suspender el proceso porque
el crimen organizado está determinando quién debe ganar y no la voluntad
de los electores.
Y la lista de municipios, gubernaturas y distritos
electorales con candidatos tocados por el crimen organizado es muy
amplia; en este contexto, el INE tiene la capacidad para suspender
elecciones y obligar al Estado a asumir la responsabilidad de la seguridad más
allá de la asignación de escoltas. La violencia electoral ha revelado
uno de los temas que hasta ahora todos están eludiendo: la gobernanza
criminal en zonas territoriales de la soberanía del Estado.
La obligación del INE es garantizar un proceso de elección
libre de gobernantes. Y al INE le corresponde la validación de candidaturas.
En consecuencia, el organismo debe abrir una investigación sobre las candidatas
en pugna para determinar hasta que punto el crimen organizado está decidiendo
una elección. Hay un número preocupante de candidatos que han sido señalados en
medios por sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado o que están
siendo beneficiados por bandas criminales que tienen el control de plazas
territoriales electorales.
Si el INE no suspende las elecciones en Valle de Bravo y
otros municipios y estados donde el crimen organizado tiene el control --el Cartel
Jalisco tiene el dominio territorial y criminal del municipio de Aguilillas,
Michoacán, donde se va a elegir gobernador--, entonces será cómplice de resultados
electorales basados en disputas de bandas criminales contra candidatos que se niegan
a pactar con los delincuentes.
La verdadera defensa de la democracia no está en libros
parciales de escasa lectura --el INE tiene que regalarlos--, sino en el
uso de facultades legales y en alianzas formales con las fuerzas de seguridad
del Estado para impedir que el crimen organizado tome el control
institucional de estados y municipios por la vía electoral. De nueva
cuenta el caso de Valle de Bravo es explicativo: una banda criminal obliga
a una candidata a retirarse para beneficiar a otra.
Varios estados de la república se encuentran ahora mismo sumidos
en el conflicto de la violencia electoral por relaciones con el crimen
organizado: Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Sinaloa, San Luis
Potosí, Baja California, Ciudad de México, Zacatecas, Puebla, entre los más
importantes. Han sido zonas donde ha habido amenazas, secuestros y asesinatos
de candidatos y de intervenciones de grupos criminales para beneficiar a
algún candidato en detrimento de otro.
El INE no debe rehuir sus responsabilidades. Más aún: tiene
formas para exigir al gobierno federal mejores condiciones de seguridad, entre
ellas la presión de anular elecciones por la inexistencia de condicione democráticas.
La suspensión de elecciones en Valle de Bravo por decisión del INE podría
ser un factor de atención obligada a una crisis que involucra primero a
la seguridad estatal en una zona ya capturada por las bandas criminales
por fronteras geográficas estratégicas y por el gobierno federal vía la
presencia de la Guardia Nacional.
Si el INE no decide nada en Valle de Bravo, la próxima
administración municipal, gane quien gane, habrá sido decidida por el
crimen organizado, no por el voto democrático de la sociedad.
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Realineamiento. La
crisis de candidatos en Baja California estaría ilustrando un realineamiento de
grupos políticos. El candidato del PES, Jorge Hank Rhon, está haciendo acuerdos
con municipios abandonados por el gobierno federal y el gobierno local en base
a compromisos de autonomía. Los municipios padecen problemas para acceder a
recursos por razones no oficiales del gobierno estatal morenista Y entre ellos,
hay compromisos en materia de seguridad. Así es cómo ha subido Hank sus
expectativas del voto, ante el triunfalismo de la candidata oficial.
Política para dummies: La
política es la decisión de defender al Estado para garantizar su
funcionamiento. Si no lo creen, relean a Machiavelli.
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