Por Cindy Iveth Pulido Sánchez. 

Pensar en un alguien que ha cometido un delito, generalmente conlleva el evocar una serie de sesgos en términos físicos y de pensamiento respecto al infractor. Se asume como alguien hostil, alguien imponente, alguien agresivo, peligroso. Por otro lado, aunque existe el concepto de “criminal de cuello blanco” y se asocia en gran medida con personas que laboran en la política, los lavadores de dinero podrían pasar desapercibidos.

Hablar de lavado de dinero no es hablar únicamente de crimen organizado, sino de estructuras sofisticadas donde convergen perfiles especializados como lo son empresarios, operadores financieros, abogados y redes internacionales. Los grandes lavadores de dinero no responden al estereotipo del criminal tradicional; por el contrario, suelen ser sujetos con alta escolaridad, conocimiento del sistema financiero y capacidad para mimetizar operaciones ilícitas dentro de circuitos legales.

Si bien, hablar de un único “perfil conductual” que los perfile como individuos que cometen estos ilícitos ya de facto es complicado. Hay algunas características que se podrían revisar, por ejemplo la racionalización del delito (la idea de que no están robando, sino "moviendo capital"), la fragmentación de responsabilidades (uso de prestanombres, empresas fachada o "cuentas mulas") y una constante adaptación a la regulación. Este último punto es crucial porque entonces el lavado no es estático sino que evoluciona al ritmo de los controles institucionales.

Casos como el de Rafael Zaga Tawil, vinculado a disputas financieras y señalamientos en torno a movimientos millonarios dentro de estructuras corporativas, ilustran cómo estos perfiles operan en zonas grises donde lo legal y lo ilícito se entremezclan. Más que delincuentes visibles, son gestores del riesgo financiero, capaces de operar durante años antes de ser detectados. 

En este contexto, el lavado de dinero deja de ser un fenómeno marginal para convertirse en un componente estructural de ciertas dinámicas económicas. 

Fintech, regulación y el nuevo campo de juego del dinero

En paralelo, el crecimiento de las fintech ha abierto un nuevo capítulo. México se ha consolidado como uno de los ecosistemas fintech más dinámicos de América Latina, con cientos de plataformas activas en sectores como pagos digitales, crédito, Inversión y criptomonedas. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿realmente sabemos cuántas fintech existen, cuántas y cómo operan?

La naturaleza digital de estas plataformas, sumada a marcos regulatorios aún en consolidación, ha generado espacios de oportunidad tanto para la Innovación como para posibles usos Indebidos. La facilidad para abrir cuentas, mover dinero en segundos y operar transnacionalmente convierte a algunas fintech en herramientas potenciales para esquemas de lavado, especialmente cuando se combinan con identidades falsas o estructuras fragmentadas.

En este escenario, el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se vuelve sumamente relevante. Recientemente, la Suprema Corte avaló que esta institución pueda congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, siempre que existan sospechas de operaciones ilícitas. Esta medida es considerada una acción preventiva, no una sanción penal, lo que le permite actuar con mayor rapidez frente a flujos financieros sospechosos.

Los beneficios que destacan son, por ejemplo, que se evita que los recursos ilícitos se dispersen, se fortalece la capacidad del Estado para seguir la ruta del dinero y se alinean las prácticas con estándares internacionales. Sin embargo, también existen riesgos: posibles abusos, afectaciones a terceros no involucrados y cuestionamientos sobre el debido proceso, ya que el control judicial ocurre después del congelamiento y no antes. 

Además, la experiencia reciente muestra que, en el pasado, vacíos legales permiten que personas investigadas recuperen miles de millones de pesos sin demostrar la legalidad de los recursos, lo que evidencia las limitaciones del sistema cuando la regulación no logra anticiparse a las estrategias financieras ilícitas.

En un ecosistema donde la tecnología avanza más rápido que la ley, la pregunta de fondo permanece abierta:

¿Sabemos realmente cuántas fintech existen y, sobre todo, cómo se están utilizando?