En estos tiempos se han degradado el lenguaje y la verdad; también, la capacidad para no ser rehén del impulso, del arrebato producto de la indignación de unos y la necedad de otros. El aprendizaje para procesar la realidad con serenidad y un sentido de moderación, es inexistente. Una sociedad polarizada niega prudencia y sensatez.
Las resoluciones judiciales con frecuencia, aquí y en todo lugar, provocan reacciones en la opinión. Lo más responsable es lo más difícil, es decir, no llegar a conclusiones precipitadas. La justicia no está para satisfacer a la opinión pública, tampoco para resolver controversias a partir del prejuicio o de la aparente evidencia. Se requiere desentrañar argumentos, principios y los intereses en juego.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso de elevado interés público y de significado impacto en la opinión nacional. Se trata de la denuncia de Alejandro Gertz Manero contra Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, la primera en la cárcel desde hace 528 días; la segunda, una anciana de 95 años, acusadas de responsables de la muerte de Federico, hermano del actual Fiscal General de la República.
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Explicable más que razonable que se alcen voces pidiendo la renuncia del fiscal Gertz, derivado de la resolución de la Corte y de la postura unánime de los 11 ministros que llevaron a la libertad inmediata de la detenida. No es un asunto menor que su denuncia la hizo como ciudadano, como víctima por la muerte de su hermano y con presunción de responsabilidad penal de quienes le cuidaban. La supuesta indebida presión del fiscal sobre los ministros de la Corte se desmiente por el fallo.
Relevante es la actuación de quienes tienen autoridad. Para el caso concreto, de la Fiscalía General de la Ciudad de México y de la jueza que ordenó la cárcel para Alejandra Cuevas. Cualquier funcionario, fiscal, juez o autoridad relevante en el proceso penal están sujetos a un sinnúmero de presiones para alterar el sentido de su desempeño. Por esta consideración hay que atender la postura del ministro Juan Luis González Alcántara, quien concede a la detenida la condición de víctima en la violación de los derechos humanos por parte del Estado, es decir, por las autoridades que actuaron, de acuerdo con la Corte, de manera ilegal, irresponsable y sin fundamento. Entre éstas no está el fiscal General de la República porque la dependencia no actuó como tal. La Corte no concluye lo que sí un sector importante de la opinión publicada, que el Fiscal en ejercicio de sus funciones tuvo un desempeño indebido.
La empatía es fácil para quien estuvo injustamente presa y la furia de no pocos por esa injusticia se hace sentir. Así, no puede soslayarse que las autoridades de procuración y administración de justicia actuaran con tal ligereza e irresponsabilidad. Se entienden las consecuencias derivadas del fallo de la Corte. De ser el caso, una Fiscalía y un Poder Judicial influenciable merece una acción correctiva enérgica. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum deberá definir posición al respecto, de otra manera recaerá en ella la sospecha. La situación es grave y no admite coartadas o acciones elusivas. Se equivocaron y deberán asumir las consecuencias.
No se trata de crear responsables a modo, sino de precisar en su justa dimensión el origen de la grave falta del sistema de justicia. El pleno de la Corte ha hecho su trabajo, ha cumplido con rigor con la acción correctiva; ojalá también se pudiera, la reparadora. Como ha señalado el ministro González Alcántara, procede reconocer la condición de víctima de graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado.
La justicia es didáctica de civilidad. Su lógica es la legalidad, difícil de asumir, pero indispensable para la paz social y la certeza de derechos. Pocas veces se tiene la capacidad para aprender de las resoluciones judiciales, menos en este tiempo en que la verdad y la ley viven en permanente regateo hasta por las autoridades mismas. Son muchos los responsables impunes y otro tanto de detenidas y detenidos sin base legal. Efectivamente, para el caso concreto no basta con el amparo y la libertad de la detenida ilegalmente, deberá haber consecuencias ejemplares para quienes no cumplieron sus responsabilidades como autoridades.
Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto
