La comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, ubicada en el norte de Jalisco, solicitó que se inicie un procedimiento de revocación de mandato y juicio político contra el alcalde panista de Mezquitic, Rolando de la Torre Martínez, quien de forma reiterada se ha negado a transferir desde hace dos años 22 por ciento del presupuesto municipal, que este año es de casi 41 millones de pesos.
La transferencia de recursos a los comuneros fue ordenada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde mayo de 2019 (expediente SG-JDC-35/2019), pero De la Torre, quien se religió en 2021, se ha negado sistemáticamente a acudir a las reuniones de negociación con las autoridades wixárikas, promovidas a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) tras el fallo.
Ambas solicitudes fueron presentadas el 22 de agosto por Santos Hernández Bautista, gobernador tradicional de Sebastián Teponahuaxtlán, ante el magistrado Sergio Guerrero Olvera, de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF.
En ellas se pide además dar vista tanto al Congreso local para iniciar el juicio político como a la fiscalía estatal para comenzar un procedimiento penal por la reiterada desobediencia a un mandato judicial.
Del presupuesto municipal reclamado y ya aprobado en tribunales, 28.87 por ciento corresponde al porcentaje de población de origen indígena que hay en Mezquitic y que pertenece a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán.
Desde que se dictó la sentencia, los indígenas han participado en cursos de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia a fin de estar listos para la administración de los recursos que, han insistido, servirían para obras de infraestructura que la propia comunidad decida en asamblea.
“Si bien el IEPC realizó el proceso de consulta para la transferencia directa de recursos al poblado wixárika, es evidente que impera una resistencia del ayuntamiento a cumplir con lo ordenado, violentando los derechos a la libre determinación, el autogobierno y la justicia”, expone el texto presentado por el gobernador indígena Santos Hernández.
En su justificación, se plantea al magistrado Guerrero Olvera que la función jurisdiccional no se reduce a la resolución de controversias y la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial, sino que además garantiza a los gobernados la plena ejecución de las sentencias y demás resoluciones.
El documento puntualiza que lo anterior obliga tanto a autoridades como a particulares a que sean acatadas las determinaciones de cualquiera de las salas del TEPJF de forma inmediata y plena.
El incumplimiento de esta obligación implica una violación a la propia Constitución y puede ser motivo de responsabilidad administrativa, penal o política (en el caso de autoridades), recuerda.
El abogado wixárika Óscar Ukeme Bautista Muñoz expuso que el ayuntamiento de Bolaños está en la misma situación que el de Mezquitic, luego de que en abril de 2019 (juicio JDC-005/2019) el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco dictó una acción declarativa de certeza para reconocer a la comunidad wixárika “el derecho de administración directa de los recursos que le correspondan”.
En este caso aún no se realiza una consulta ni se ha acordado el porcentaje que corresponde. Los quejosos señalan que 75.66 por ciento de la población es de origen wixárika, según el censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (5 mil 329 habitantes de un total de 7 mil 43 en el municipio), lo cual no ha sido aceptado por el ayuntamiento de Bolaños, ya que esa sería la proporción del presupuesto que tendrían que entregar y que representa unos 17 millones de pesos este año.
Créditos a la Jornada.
