Pablo
Cabañas Díaz
pcabanas@unam.mx
En
los primeros días de septiembre de 2006, Ismael (el Mayo) Zambada, líder del
Cártel de Sinaloa, pactó con Arturo Beltrán Leyva (el Barbas), acercarse al
entonces recién electo presidente Felipe Calderón para poner como encargado de
la seguridad nacional a Genaro García Luna. Este episodio es el punto de
partida del libro El licenciado, que recién publicó el periodista Jesús Lemus,
en el que desmenuza al “súper policía” que ahora es señalado como el artífice
principal de la violencia que azotó a México en el sexenio de Felipe Calderón
(2006-2012) con su famosa guerra contra el narcotráfico.
A
solo 20 días del trascendente encuentro entre los líderes criminales, cuando el
operador del Cártel de Sinaloa, Sergio Villarreal logró coincidir con Calderón
Hinojosa en el bautizo de la hija del entonces senador Guillermo Anaya Llamas.
Era la tarde del 25 de septiembre de 2006, y el entonces presidente electo de
México, acompañado de su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo, se presentó
al pie de la pila bautismal de la Parroquia de la Encarnación de Torreón,
Coahuila, para apadrinar a la hija de Anaya Llamas, casado con María Teresa
Aguirre Gaitán.
Nada
habría tenido de especial, salvo, porque el senador Anaya era cuñado de Sergio
Villarreal, llamado el Grande por su estatura –casi dos metros–, presunto
operador de la organización criminal de los Beltrán Leyva, que había penetrado
desde años atrás a las estructuras del poder político de la comarca lagunera.
Además,
porque el operador criminal y el entonces presidente electo coincidieron en el
banquete ofrecido por la familia Anaya Aguirre. Aunque la familia no se escoge,
tampoco debería negarla un político ansioso por lucir inmaculado, pues esto
suele acarrear consecuencias desagradables. Adolfo Hernán Villarreal, hermano
del Grande, contrajo nupcias, años atrás, con María Anaya Llamas, hermana del
senador, con quien procreó dos hijas.
Guillermo
Anaya dijo al periódico El Siglo de Torreón (6/3/06) que su cuñado Adolfo había
abandonado a su hermana tres años atrás (2004) “y desde entonces no hemos
sabido de él ni a qué se dedica actualmente”.
Todo indica que era una mentira del senador Anaya: el matrimonio
Villarreal Anaya se mantuvo unido al menos hasta el 2 de junio de 2005 –año
previo al bautizo–, fecha en que el mismo diario publicó una foto de la pareja
sentada a la mesa de una fiesta.
De
hecho, Elsa María Anaya inició su trámite de divorcio hasta septiembre de 2006,
justo dos días antes del sonado bautizo, como consta en autos del Juzgado Tercero
de Primera Instancia del Ramo Familiar en Torreón, Coahuila.
A
pesar de esas dos pruebas, en 2007, Anaya exageró aún más, y dijo en una
declaración de prensa que tenía 10 años que no veía a su cuñado y que su
hermana se había divorciado en 2005.
Los
expedientes señalan que Adolfo Hernán y Elsa María estuvieron unidos al menos
hasta 2012. Aunque el 28 de julio de 2007 se publicó una sentencia que disolvió
su vínculo matrimonial (expediente 652/2006), en el mismo juzgado hay otro
expediente, de 2012, que describe acuerdos (0010/2012), y el cual daba trámite
a un (¿nuevo?) divorcio de la pareja, ahora por mutuo consentimiento.
Meses
después, indica Lemus en su libro, el mismo García Luna –que ya era socio de
los Beltrán Leyva desde años atrás– concretó la reunión entre el Grande y
Felipe Calderón, ocurrida en octubre de 2006 en la Ciudad de México. Duró menos
de 20 minutos. Ahí Sergio Enrique contó al entonces presidente electo la
petición de los cárteles que representaba: 20 millones de dólares era el pago
si aceptaba poner a García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP).
La
respuesta de Felipe Calderón, según el Grande, citado por Lemus en su texto,
fue: “dile a los señores que estén tranquilos, que no se les va a molestar”.
“Esa versión es la que –Sergio Enrique, actualmente testigo protegido de la DEA
en Texas– mismo platicó decenas de veces en la cárcel de Puente Grande cuando
estaba con Lemus en el mismo pasillo y era vecino de celda.
II
Del
2006 al 2012 las actividades del narcotráfico han sido documentadas por
periodistas y agencias de inteligencia, pero todavía hay muchos puntos sin
aclarar. Queda la duda de si realmente se combatió a un poderoso enemigo
inasible –los cárteles del narcotráfico–, y que a la vista de todos se
extendió, se potenció con cada golpe infringido.
La
violencia, la inseguridad y el miedo se generalizaron hasta volverse realidades
cotidianas del conjunto de la sociedad, en todos los rincones del país, y ya no
sólo en algunos estados y municipios como era el caso antes de que declarara la
guerra al llamado crimen organizado, a diez días apenas del inicio de su
régimen.
El
saldo de alrededor de cien mil muertos es estremecedor; sin duda muchos
miembros de los cárteles, asesinados en ajustes de cuentas o en enfrentamientos
con el Ejército y la Marina al igual que hombres, mujeres, jóvenes y niños
considerados por el gobierno “daños colaterales”, como víctimas que tardó en
reconocer por la presión de la sociedad. La herencia de muerte que nos dejó
Calderón se complica más con la detención de García Luna, a quien el
narcotraficante Jesús (el Rey) Zambada García, hermano de Ismael Zambada,
aseguró que el exsecretario de Seguridad Pública de México, aceptó sobornos del
Cártel de Sinaloa.
También
habrá que transparentar la actuación del exministro de la Suprema Corte de
Justicia, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, quien fue muy cercano a Genaro
García Luna. Dos altos funcionarios señalados entre los más corruptos en las
administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Medina
Mora inició como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen), de 2000 a 2005; fue secretario de Seguridad Pública, de 2005 a 2006;
procurador general de la República (PGR) 2006 a 2009; embajador de México en
Reino Unido de 2009 a 2013; embajador de México en Estados Unidos de América de
2013 a 2015 y, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
hasta 2019. Su cercanía con Juan Collado, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero
Deschamps y Diego Fernández de Cevallos lo hace un personaje muy sensible en
los temas que se habrán de abordar en el juicio de García Luna.
A
finales de 2018, un testigo colaborador de la fiscalía estadunidense implicó a
García Luna con el Cártel de Sinaloa. Priistas y panistas respondieron cuestionando
la veracidad de los dichos de criminales confesos. Un año después, autoridades
estadunidenses arrestaron a García Luna, presentándole cuatro cargos: tres por
conspiración para traficar cocaína y uno por corrupción. Por estos cargos,
podría enfrentar entre diez de prisión y cadena perpetua.
Fue
el 20 de noviembre de 2018 cuando el primer testigo colaborador de la fiscalía
estadunidense –en el famoso juicio contra Joaquín Guzmán Loera– habló de Genaro
García Luna. Se trataba de Jesús Reynaldo Zambada García, alias el Rey, hermano
menor del Mayo Zambada, socio y compadre del Chapo. Fue el abogado de Guzmán
Loera, William Purpura, quien empezó a preguntar por el exfuncionario mexicano.
A
García Luna, en el año 2000, Medina Mora le dio el cargo de director de
Planeación y Organización de la Policía Judicial Federal. En 2001, García Luna
creó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la que fue su director
general. En noviembre de 2005, recibió el premio de Administración Pública,
INNOVA, por “resolver secuestros en tiempo real”. Uno de los casos más
emblemáticos fue el de Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco
Marcial. Ellas eran comerciantes indígenas hñähñú, que vendían sus mercancías
en el mercado de Santiago Mexiquititlán, Querétaro. En agosto de 2006, agentes
de la AFI decomisaron mercancía a varios vendedores ambulantes. Alegaron que
era piratería. Cometieron excesos y violencia contra población muy pobre.
La
población retuvo a seis de los agentes; demandaron que regresaran las
mercancías. Los agentes acusaron a las tres mujeres indígenas de secuestro.
Ellas pasaron 10 años en la cárcel, a pesar de la diferencia de fuerzas entre
tres mujeres indígenas y seis agentes armados. A pesar de las violaciones de
derechos humanos que los agentes cometieron. A pesar de que no había pruebas.
Posteriormente, un tribunal colegiado de la Ciudad de México las liberó. El
Estado mexicano tuvo que disculparse sobre el caso, en 2017.
La
tendencia a la teatralidad acompañó siempre a García Luna. Por ejemplo, el caso
de Rubén Romano, entonces técnico del Cruz Azul. El 19 de julio de 2005, Romano
salía de un entrenamiento al sur de la ciudad, cuando fue secuestrado. Los
criminales exigían más de 5 millones de dólares. Tras dos meses, el exfutbolista
argentino fue rescatado, ileso.
Fue
ciertamente un operativo exitoso. Sin embargo, hubo un detalle en la
liberación: ésta fue televisada “en vivo”. Romano fue exhibido ante los medios
portando una playera con la leyenda “Rescatado por la AFI”. Más adelante,
Romano narró a la revista Proceso que debió esperar más de una hora en la casa
de seguridad; y probablemente se debió a que la AFI esperó a los medios para
presentarlo ante el público.
El
9 de diciembre de 2005, Televisa emitió la supuesta aprehensión en vivo y
directo de dos secuestradores Israel Vallarte y la ciudadana francesa, Florence
Cassez. Un mes después –también en un programa con Denisse Maerker–, Cassez
advirtió que ella y su pareja no fueron detenidos el día 8 de diciembre y no el
9 de diciembre, como difundió la AFI con ayuda de Televisa. Cassez recibió
sentencia pocos meses después. Para 2013, la Suprema Corte determinó ponerla en
libertad por irregularidades en el proceso –el montaje televisivo–. Hasta la
fecha, Israel Vallarta está detenido y sin sentencia.
III
En
el sexenio de Felipe Calderón, García Luna, como secretario de Seguridad
Pública, pactó con Televisa la producción de una miniserie. La institución pagó
118 millones de pesos a la televisora. El productor Pedro Torres se sirvió de
las instalaciones de la corporación para armar la serie. La transmisión se
suspendió por presiones de las redes sociales; pero el dinero ocupado en la
exhibición nunca se transparentó.
Durante
la gestión de García Luna, los narcotraficantes eran presentados en los
hangares de la Policía Federal; expuestos ante los medios. Montaban en una
escenografía con policías encapuchados, portando armas automáticas. En el fondo
de la imagen transmitida en noticieros de cadena nacional lucían flamantes
helicópteros o aeronaves de la dependencia.
En
la calle, “la mano dura” que presumía Calderón y en la televisión la
teatralidad del súper secretario armó la narrativa de la guerra contra las drogas.
García Luna enfrentó acusaciones dentro y fuera del gabinete calderonista. El
propio Medina Mora tuvo fricciones con García Luna por la visión de la guerra
contra las drogas. El primero sugería la inteligencia financiera, el segundo
aplicaba el uso de la fuerza. El
resultado fue según cifras oficiales un total de 120 mil personas muertas y más de 20 mil desaparecidos.
IV
También
se encuentra en prisión Iván Reyes Arzate, excomandante de la Policía Federal
(PF). Al excomandante intencionalmente se le ningunea, fue arrestado el 23 de
enero 2020, en Estados Unidos, pero es un testigo clave sobre muchos sucesos
que se vivieron entre 2006 y 2012. Uno de ellos, fue un atentado, contra dos
agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Se dio a unos meses de
concluir el sexenio de Felipe Calderón.
¿Quién
ordenó el atentado? Es una pregunta que, aunque se intuye quien fue no tiene
una respuesta oficial. Tampoco sabemos cuál fue el móvil de esa acción. ¿De qué
se protegió a García Luna? Se aduce que hubo órdenes superiores para esa
acción, según invocan los agentes que ahora se encuentran en prisión. ¿Dadas
por quién?
El
atentado tuvo lugar el 24 de agosto de 2012 en Tres Marías, municipio de
Huitzilac, en el estado de Morelos. Policías federales dispararon contra una
camioneta que supuestamente transportaba a funcionarios de la Embajada de
Estados Unidos en México. Quienes dispararon contra el vehículo lograron
despedazar el blindaje. Queda claro que el objetivo de los agentes federales
era “ejecutar” a quienes iban en la camioneta.
Los
nombres de los agentes proporcionados en las indagatorias fueron: Chess Hoods
Garner y Stan Dove Boss, y un capitán de la Armada de México al que no se
identificó su identidad –y que fungía como chofer. La camioneta era una Toyota,
Land Cruiser de 2010.
El
gobierno de Calderón trató de ocultar los hechos ocurridos en Tres Marías, pero
La Jornada publicó el 12 de septiembre de 2012, grabaciones que revelaban que
los policías federales violaron protocolos de acción y dispararon sin que
mediara agresión. El diario además señaló que había cuatro videos, y tres
grabaciones de la persecución.
Ante
esta situación el 18 de septiembre de 2012, García Luna ante las más altas
autoridades del gobierno de Estados Unidos, se disculpó por el ataque de
policías federales. “Quiero aprovechar para pedir una disculpa institucional y
personal por los hechos ocurridos en Tres Marías”, se lee en la transcripción
de las palabras del entonces secretario de Seguridad Pública, ante el Grupo
Consultivo de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida, del Departamento de Estado y
que fueron filtradas a la revista Proceso. Esas disculpas fueron externadas a
la secretaria de Estado Hillary Clinton, el procurador general Eric Holder
y Janet Napolitano, quien era la
secretaria de Seguridad Interior. García Luna fue obligado a manifestar: “Vamos
a hacer todo para castigar a los responsables”.
Felipe
Calderón sabe por qué se perpetró el atentado contra los agentes de la CIA y un
capitán de la Marina mexicana. Durante años Calderón evitó hacer comentarios
sobre los nexos que tenía su “hombre fuerte” con el crimen organizado. Informes
recabados en México y en Estados Unidos, señalan las múltiples relaciones de
García Luna con miembros del narcotráfico como los hermanos Beltrán Leyva, con
Los Zetas y el Cártel del Golfo. Diferentes voces denunciaron la relación de
García Luna con los cárteles del narcotráfico.
Desde
la Barbie hasta José Luis Santiago Vasconcelos, el zar antidrogas, quien dijo
públicamente que García Luna protegía a los hermanos Beltrán Leyva que, en
aquellos años, seguían unidos al Cártel de Sinaloa y eran conocidos como La
Federación.
V
A
todos impactó la forma en que fue asesinado Édgar Eusebio Millán Gómez,
coordinador general de Seguridad Regional y Proximidad Social de la Policía
Federal Preventiva.
Hombre
cercano a García Luna y tercero a cargo de la dependencia, fue baleado la
madrugada del ocho de mayo de 2009, en su casa de la calle Camelia, en la
colonia Guerrero de la Ciudad de México.
Esta
muerte constituyó el mayor golpe del crimen organizado contra mandos de la
administración de Felipe Calderón: entre tres y cuatro sicarios del grupo de
los hermanos Beltrán Leyva estuvieron en el lugar por lo menos una hora antes y
esperaron a que Edgar Millán entrara al inmueble para abrir fuego. Se las debía
por los aseguramientos de droga y las detenciones.
Después
de la muerte de Millán, la Secretaría de Marina realizó un operativo el 16 de
diciembre del 2009, en el fraccionamiento Altitude, en Cuernavaca, Morelos, en
el que abatieron a Arturo Beltrán Leyva.
Van
a cumplirse once años de la ejecución de Beltrán Leyva primo lejano de Joaquín (el Chapo) Guzmán,
quien supuestamente lo traicionó y partió la Federación, que fue el grupo en el
que se concentraron varios capos, entre ellos, los de Sinaloa y Chihuahua.
Cuando
el Chapo estuvo preso en el penal de Puente Grande, los hermanos Beltrán Leyva
se hicieron cargo de “su plaza” y le entregaban dinero en el penal, en donde
corrompió a las autoridades para llevar una vida de lujos y posteriormente,
fugarse. Beltrán Leyva, falleció de 51 años, era aliado del Guzmán Loera, pero
la alianza se rompió en enero de 2008, cuando
acusó a su socio de traicionarlo por entregar a su hermano Alfredo,
conocido como el Mochomo, lo que desató una verdadera guerra entre ambos.
El
cuerpo de Arturo Beltrán Leyva fue exhibido y movido del lugar en donde en realidad cayó. Incluso, encima del cuerpo los
marinos que realizaron el operativo le bajaron el pantalón, le colocaron
billetes llenos de sangre, un rosario y diversos objetos que el Barbas portaba.
En
aquella ocasión diversas voces criticaron la actuación de los marinos, pues la
escena se parecía mucho a las ejecuciones del narcotráfico. Al funeral de
Beltrán Leyva no pudo ir su hermano, Héctor, quien después de algunos años fue
capturado. Según las notas periodísticas, sólo mujeres fueron a reclamar el
cuerpo del sinaloense. Al Barbas lo enterraron en Jardines de Humaya, el
panteón de narcos más conocido en Sinaloa.
En
el enfrentamiento en el que cayó Arturo Beltrán también falleció un marino,
quien fue despedido con honores. Sin embargo, días después del evento, sicarios
de los hermanos Beltrán Leyva asesinaron a dos familiares del marino en
Tabasco. A partir de aquel momento, la prensa se planteó ocultar los rostros de
todos los efectivos de seguridad en las imágenes de operativos, detenciones y
otras operaciones relacionadas con el narcotráfico. De esto y más será dado a
conocer en diciembre cuando se reanude el juicio de García Luna.
El
periodista Ricardo Ravelo señaló en entrevista con Carmen Aristegui en CNN en
2010, que García Luna fue levantado por los Beltrán Leyva. Los hechos
ocurrieron cuando García Luna realizaba un viaje por carretera a Tepoztlán,
Morelos, cuando fue interceptado por un grupo de hombres fuertemente armados.
De acuerdo con el relato del periodista, fue trasladado a una casa donde se encontraba Arturo Beltrán
Leyva, líder máximo de esa organización criminal.
Al
estar frente a frente, el Barbas le dijo a García Luna: “ya ves qué fácil es
llegar a ti”. Pocos minutos después, los Beltrán Leyva liberaron a García Luna
y lo dejaron continuar con su camino. La mano de García Luna y su influencia en
el gobierno federal facilitaron la caída de tres de los cuatro Beltrán Leyva.
VI
Tras
la declaración de inocencia de García Luna, el juez Brian Cogan a cargo del
caso en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, determinó
que la próxima sesión será el 7 de diciembre a las 10:30 de la mañana de este
año.
Los
cinco cargos que le imputa el gobierno de Estados Unidos, todos, tienen que ver
con la presunta relación de asociación empresarial delictiva del exsecretario
de Seguridad Pública mexicano con el Cártel de Sinaloa que involucra también a
otros exfuncionarios de México.
En
la actualización del expediente criminal contra García Luna, el gobierno de
Estados Unidos lo acusa de ser el líder de una empresa criminal integrada por
otros dos exfuncionarios y asesores de Calderón en seguridad; Luis Cárdenas
Palomino y Ramón Pequeño García.
De
entre los cinco cargos, el Departamento de Justicia señala a García Luna de
conspiración para traficar y distribuir en Estados Unidos toneladas de cocaína
desde el año 2001, en asociación con por lo menos cinco personas.
Desde
el 9 de diciembre cuando fue detenido en Dallas, Texas, los fiscales federales
han ido acumulando evidencias para demostrar la culpabilidad de García Luna, de
entre las cuales destacan videos y grabaciones de conversaciones telefónicas
que le fueron interceptadas.
