Es cierto que las vías férreas son de la nación y que el estado podrá concesionarlas a un particular para que las administre. Por lo tanto, el decreto que firmó el presidente la semana pasada no es una expropiación, sino un decreto que para efectos prácticos acaba con la concesión de un tramo que, en 1998, se le dio al señor Larrea para que operara 120 km que une diversos puntos que van de Coatzacoalcos a las inmediaciones del estado de Veracruz, en Minatitlán y el Chapo.
La confusión surge de dos detalles que vienen en el decreto. La primera es que entrega a la empresa de la marina de manera “temporal”, el uso de dicho tramo. La segunda, es que lo hace con base en la ley de expropiaciones. El gazapo no es inocuo. Al haber puesto “ocupación temporal”, el decreto debió haber señalado que se entendía por temporal. ¿Un año, dos, veinte? En ningún lugar lo aclara. El segundo es que no entrega al uso de la Nación, sino a una empresa de la Marina. Es decir, suspende por la vía de los hechos, la concesión a Ferrosur, para dársela a Ferrocarril de Istmo SA de CV (empresa de la Marina), quien le hizo la petición al ejecutivo, para poder utilizar esa vía para su operación en el proyecto del ferrocarril transístmico.
Los consejeros jurídicos del presidente le debieron advertir, que de haber suspendido unilateralmente la concesión a Ferrosur, el gobierno tendría que haber pagado, daños y perjuicios por termino anticipado de la concesión, por lo tanto, decidieron hacer una “ocupación temporal” (SIC) de las vías, en las qué dice el decreto, los trenes de Ferrosur podrán seguir pasando y no como nos quería imponer la empresa, declara AMLO, por el uso de su vía concesionada, una cantidad de 9,400 millones de pesos.
El galimatías jurídico que ha armado la presidencia con este decreto es de pronóstico reservado. No es una expropiación, pero la ocupación temporal está hecha con base en la ley de la materia y no es claro por cuanto tiempo. Pueden seguir pasando los trenes de Ferrosur, pero los bienes de la Nación ya regresaron a la Nación, detrás de un comando de la propia Marina.
Contrario a lo que le hayan sugerido al presidente, que se queja todo el tiempo hasta de sus propios abogados, en mi opinión, va a tener que pagar daños y perjuicios por terminación anticipada de concesión, porque no le dice a las cosas por su nombre. Dejó plenamente vulnerable, lo que quería resolver, pues si un juez declara, por la vía de amparo o por la nulidad del acto, el decreto en cuestión, en ese tramo la empresa de la Marina tendrá que pagar derecho de paso, lo que para efectos prácticos definirá un juez y no el ejecutivo, o la empresa de la Marina, regresando las cosas a la falta de acuerdo entre Larrea y el presidente y a una posible negociación.
Ahora, todo estará en manos de la justicia y como sabemos, la justicia suele ser un juego en el que uno gana y el otro pierde. Hasta allá llevó las cosas el presidente por la prisa, por la falta de planeación y por la infinita incapacidad de ponerse de acuerdo y de aplicar la de que él no es florero y aquí se hacen las cosas como yo digo, olvidando que la ley es la ley. Nada más, pero nada menos también.
