La tragedia del 10 de septiembre en Iztapalapa —30 muertos, decenas de heridos— no solo dejó cenizas en el asfalto. Encendió, con crudeza, las alarmas de un sistema de salud que opera al filo del colapso. Lo que debería ser impensable en un país que presume cobertura universal ocurrió: en plena emergencia, familiares de las víctimas tuvieron que salir a comprar gasas y vendas porque los hospitales no tenían lo básico para atender quemaduras graves.

No fue un accidente aislado. El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció que Puerta del Sol Capital, contratada para surtir más de 21 millones de piezas de insumos, incumplió con 14 millones. Un 66% de fallas que no se explica con burocracia, sino con corrupción e incompetencia. Y este es solo un ejemplo de los 43.9 millones de piezas no entregadas por 33 proveedores exhibidos por el propio gobierno.

Aquí está el verdadero crimen: empresas sin registros sanitarios, intermediarios de papel, importadores de insumos chinos de dudosa calidad, colocados en contratos millonarios mientras las farmacéuticas serias quedan al margen. Rafael Gual Cosío, de Canifarma, lo dijo sin rodeos: de la lista negra, apenas tres empresas son farmacéuticas de verdad. El resto son oportunistas a los que el gobierno les abrió la puerta.

La presidenta Claudia Sheinbaum amagó con un ultimátum: si no entregan antes del 30 de septiembre, quedarán fuera. Pero la pregunta es otra: ¿quién los dejó entrar? ¿Quién adjudicó contratos a firmas sin capacidad ni calidad? No se trata solo de vetar proveedores; se trata de limpiar un sistema de compras que huele a negocio sucio. 

El fuego en Iztapalapa no solo consumió una pipa: quemó la máscara de un sistema de salud que presume cifras mientras sangra por corrupción y negligencia. Y como ironía final, en este país hasta las gasas se vuelven un lujo… de importación.