Después de una larga sesión parlamentaria, que finalizó cerca de la medianoche, el gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, aprobó finalmente una serie de nuevos impuestos que impondrá de manera extraordinaria a las empresas energéticas, a las entidades financieras, a la banca y a las “grandes fortunas”, es decir, a las personas más ricas del país. En un periodo tan adverso para las economías familiares, con la inflación y los precios de la canasta básica disparados, esta carga impositiva aspira a redistribuir los beneficios extraordinarios obtenidos por las corporaciones y los millonarios.

Los gravámenes aspiran a recaudar alrededor de 10 mil millones de euros (210 mil millones de pesos) en los dos años que estará en vigor. Los cálculos del gobierno es que sólo durante este año, los sectores señalados han obtenido ganancias superiores a 25 mil millones de euros (525 mil millones de pesos).

El gobierno español mantuvo duras negociaciones con los sectores más poderosos económicamente del país y que a lo largo de los últimos años, con la pandemia, la guerra en Ucrania y los altísimos precios de los hidrocarburos, han obtenido ganancias extraordinarias.

Las grandes multinacionales de la electricidad, como Iberdrola, Naturgy o Acciona, han obtenido resultados y beneficios históricos

La empresa hegemónica en el sector, Iberdrola, superará este año 4 mil 300 millones de euros de ganancias (90 mil 300 millones de pesos).

Igual ocurre con el sector bancario, el cual ha multiplicado su negocio y con la subida de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) ha aumentado su cuenta de resultados de forma exponencial.