Por Manuel Díaz
El pasado 15 de agosto la Secretaría de Economía (SE) que dirige Raquel Buenrostro dio a conocer el “Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, publicado en el DOF.
La reforma a los aranceles de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación es el resultado de una serie de equilibrios que comento a continuación y se refiere a la importación de las mercancías clasificadas en 392 fracciones arancelarias relativas a acero, aluminio, bambú, caucho, productos químicos, aceites, jabón, papel, cartón, productos cerámicos, vidrio, material eléctrico, instrumentos musicales y muebles y aplica directamente a los países en los que México no tiene tratado comercial.
¿México contra China?
Esta medida afectará directamente a los productos provenientes de países asiáticos con los cuales no tenemos tratados comerciales y que figuran entre los principales proveedores de las mercancías que abarcan las fracciones arancelarias, como China, Corea del Sur, Taiwán, India y Tailandia.
Los efectos positivos o negativos de esta medida son muy debatibles en el contexto de un cambio que va de la globalización a la regionalización.
Hay quienes consideran que es una medida proteccionista pero ¿sirvió abrirnos tanto sin reciprocidad?
También se ha interpretado que la mayoría de los decretos modificatorios a los aranceles utilizados para calcular los impuestos de importación de los últimos 13 años fueron un intento por corregir el muy desafortunado decreto publicado el 24 de diciembre del 2008, a implementarse en cinco etapas de 2009 a 2013, por el cual México desgravó unilateralmente una gran cantidad de fracciones arancelarias.
La desgravación unilateral afectó prioritariamente a sectores altamente vulnerables, no solo en nuestra economía sino a nivel mundial, como el siderúrgico, el textil, el calzado y el de fabricantes de bicicletas, entre otros.
Abrimos a quienes nos cerraban
La apertura unilateral derivó en una preferencia extraordinaria a productos provenientes de países con los que no tenemos ningún acuerdo y con los que mantenemos desde hace años el mayor déficit comercial, como China, Corea del Sur e India. Los datos económicos del INEGI documentan que el déficit comercial de nuestro país con los países asiáticos superó en 2022 los 120,000 millones de dólares, es decir, les compramos todo y nos dejan venderles poco.
El detonante fundamental para la importación de estos bienes fue el precio, sin considerar qué tanto afectaba a los pequeños y medianos productores nacionales de mercancías idénticas o similares.
Impulsar a la industria
Mientras los productores de aquellos países reciben infinidad de apoyos de todo tipo por parte de sus gobiernos (que muchos califican como prácticas desleales de acuerdo con las reglas de la OMC), el productor nacional no tiene acceso al mismo tipo de beneficios.
Para combatir esas prácticas existe la UPCI (Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales), órgano dependiente de la SE y para la imposición de cuotas compensatorias, justo para no llevar a cabo el aumento de los aranceles, pero la lentitud de las resoluciones en la UPCI hace imposible la defensa del sector productivo nacional por este medio.
Lo primero que deberá de realizar la empresa afectada por este decreto es pensar en desarrollar proveedores nacionales, más allá del discurso añejo y rancio del gobierno que no nos indica cómo encontrar y desarrollar proveedores nacionales para fortalecer las cadenas de valor nacionales y subirlos a las cadenas de valor regionales, volviéndose exportadores indirectos o incluso directos.
Más emprendedores mexicanos
Es el momento histórico para implementar desde el sector privado los mecanismos de desarrollo de proveeduría nacional, elevar el grado de contenido nacional y de cumplir holgadamente con las reglas de origen negociadas en los tratados que tenemos en vigor, en particular con el más importante y del cual depende nuestra economía, el T-MEC.
Ante la embestida de las importaciones bajo prácticas desleales de países con los que no tenemos negociado un acuerdo de libre comercio, el apoyo de las cúpulas empresariales debe enfocarse en que las empresas afiliadas de la industria de la transformación realmente conozcan y apliquen los instrumentos existentes por parte de la SE (IMMEX, PROSEC, REGLA 8va, DRAW BACK) para que el aumento de los aranceles de sus materias primas no merme su competitividad.
Así mismo, apoyar a los industriales dándoles las herramientas para el manejo del burocrático esquema de certificación en materia de IVA IEPS, que actualmente controla el SAT a través de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior.
Si bien pareciera que la medida va enfocada a un proceso efectivo de regionalización que evitará la introducción de mercancías y suministros de países que no están inmersos en la OMC o en tratados comerciales., lo que hace poco clara la relación comercial y afecta el desarrollo competitivo de México, es la formación de proveeduría local que en algunos estados como Tabasco, Campeche y Yucatán se está impulsando.
Desde mi punto de vista, el multicitado decreto es de lo poco o lo único que podemos rescatar como una probada de política industrial, tan necesaria en momentos como este, en que todo mundo habla de una relocalización de empresas que, salvo honrosas excepciones, no han traspasado el discurso y, al mismo tiempo se fortalece la región de Norte América, dejando finalmente de coquetear con los países asiáticos que nos han desplazado de ciertos rubros del comercio exterior.
Twitter: @diaz_manuel
