En la política mexicana hay palabras que se pronuncian con enorme solemnidad, pero que se vuelven sorprendentemente frágiles cuando se acercan demasiado al presupuesto.

Una de ellas es “decoro”.

En días recientes, desde el oficialismo se ha vuelto a invocar esa palabra con entusiasmo. El argumento es conocido: reducir excesos en el sistema político para redirigir recursos hacia lo verdaderamente importante —seguridad, hospitales, infraestructura municipal—.

El discurso reapareció tras el fracaso de la reforma electoral original impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que no logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El tropiezo no fue menor: incluso algunos aliados legislativos se negaron a respaldarla al considerar que la reforma podía afectar su representación política.

Pero la política mexicana rara vez termina con una derrota.

Simplemente cambia de nombre.

Y así nació el llamado “Plan B”.

Tras intensas negociaciones en la Secretaría de Gobernación, Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo (México) acordaron impulsar una nueva versión de la reforma electoral que ahora se concentrará principalmente en reducir el gasto de congresos estatales y cabildos municipales, con un ahorro estimado de alrededor de cuatro mil millones de pesos.

El argumento vuelve a ser noble.

Reducir privilegios.

Combatir excesos.

Liberar recursos para el pueblo.

Hasta ahí, el discurso funciona.

El problema aparece cuando uno hace algo que rara vez entusiasma a la clase política: revisar los números completos.

Porque en México el amor al pueblo no se mide por la intensidad del discurso ni por la cantidad de transmisiones en redes sociales. Se mide por algo mucho más concreto: el presupuesto.

Y el presupuesto cuenta una historia bastante distinta.

Para 2025, los partidos políticos en México recibirán alrededor de 7 mil millones de pesos de financiamiento público federal. Pero esa cifra es apenas la mitad del verdadero tamaño del sistema partidista. Cuando se suman las prerrogativas que reparten los organismos electorales estatales, el financiamiento total supera los 12 mil 600 millones de pesos.

Doce mil seiscientos millones.

Para dimensionarlo: con esa cantidad podrían financiarse varios presupuestos municipales completos o equiparse decenas de hospitales regionales en el país.

Pero ese dinero tiene otro destino.

De ese enorme pastel presupuestal, Morena (partido político) concentra más de cuatro mil millones de pesos entre financiamiento federal y recursos estatales. Nada mal para un movimiento que nació prometiendo terminar con los privilegios de la vieja política.

Aquí es donde aparece la contradicción que el discurso oficial prefiere esquivar.

Porque mientras se habla de austeridad republicana, de eliminar privilegios y de redirigir recursos para el bienestar del pueblo, el partido en el poder disfruta de algo que ningún otro partido había tenido en décadas: una concentración territorial del poder político sin precedentes.

Controla la Presidencia de la República.

Gobierna la mayoría de los estados.

Tiene mayorías legislativas.

Administra miles de municipios.

En otras palabras, además de las prerrogativas que le otorga la ley electoral, dispone también de la enorme maquinaria institucional de los tres niveles de gobierno: estructuras territoriales, programas sociales, plataformas de comunicación pública y presencia política permanente.

En términos prácticos:

una campaña política que nunca termina.

Y aun así, el discurso insiste en que no hay dinero.

No hay dinero para seguridad.

No hay dinero para hospitales.

No hay dinero para los municipios.

Pero curiosamente sí hay dinero para sostener intacto el sistema de financiamiento partidista más costoso de nuestra historia reciente.

Es ahí donde la narrativa empieza a crujir.

Porque si realmente preocupa la precariedad de municipios como San Quintín, donde muchas calles siguen siendo promesas de polvo y donde la atención médica pública depende más de la suerte que de la planeación gubernamental, el dinero no está tan lejos como se dice.

Está en las cuentas bancarias de los partidos.

Está en las prerrogativas.

Está en los presupuestos que financian estructuras políticas, propaganda, burocracias partidistas y campañas adelantadas disfrazadas de promoción personal.

En Baja California, por ejemplo, Morena recibe cada año decenas de millones de pesos en financiamiento público estatal. Con una fracción de ese dinero podrían pavimentarse kilómetros de calles, equiparse clínicas rurales o fortalecer las corporaciones de seguridad municipal.

Pero el guion político parece ser otro.

El oficialismo denuncia los privilegios…

mientras administra el mayor presupuesto partidista del país.

Critica los excesos… mientras conserva intacto el sistema que los financia.

Y en ese mismo ecosistema sobreviven cómodamente sus aliados políticos —el Verde y el PT— organizaciones que, en cada negociación legislativa, demuestran un notable instinto de supervivencia presupuestal.

La reciente negociación del Plan B volvió a recordarlo.

Después de haber frenado la reforma electoral original —precisamente porque ponía en riesgo su representación política— los partidos aliados terminaron respaldando una versión más acotada del proyecto presidencial.

No para transformar el sistema electoral.

Sino para administrar el equilibrio de poder dentro de la coalición.

Al final, el problema no es jurídico ni electoral.

Es de congruencia.

El “decoro” que la ciudadanía espera de la clase política no consiste en rediseñar organismos electorales ni en lanzar nuevos “Planes B”.

Consiste en algo mucho más simple.

Que quienes hablan de austeridad empiecen por aplicarla en su propia casa.

Porque el verdadero decoro político no se demuestra reformando leyes.

Se demuestra renunciando a privilegios.

Y ahí es donde, curiosamente, la austeridad suele encontrar su frontera.

Tal vez porque es mucho más fácil hablar de justicia social desde un podio, que bajarse de él cuando el pedestal está construido con miles de millones de pesos del erario.

O dicho de otra manera: Mientras los partidos sigan defendiendo sus chequeras con más entusiasmo que los hospitales públicos, su preocupación por el pueblo seguirá siendo exactamente lo que siempre ha sido.

Un discurso de campaña pagado —irónicamente— con el dinero de ese mismo pueblo.